El oleoducto incrementará en cien al año el tráfico de petroleros por Huelva
La construcción del oleoducto de la refinería Balboa podría incrementar el tráfico marítimo en la costa de Huelva en unos cien petroleros al año, según recoge la Junta de Andalucía en las consideraciones ambientales a este proyecto, sometido a una Evaluación de Impacto Ambiental.
Este dato fue revelado ayer por el portavoz parlamentario de IU, Diego Valderas, durante una comparecencia de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, en la que el izquierdista leyó una de las consideraciones ambientales que hace la Junta para tramitar la Evaluación de Impacto Ambiental de este proyecto.
En dicho documento se asegura que «será necesario realizar una valoración de los riesgos del incremento de tráfico marítimo de petroleros en las costa de Huelva en cerca de 100 petroleros al año», buques que -según Valderas- pasarán frente a las costas de Matalascañas, Mazagón y Doñana hasta llegar al puerto de Huelva, donde estará la conexión final del oleoducto.
Tráfico de influencias
Valderas, que rechazó el proyecto por el «daño medioambiental» que supondrá para Andalucía, ha vuelto a denunciar un posible «tráfico de influencias» en su tramitación.
El proyecto está promovido por el Grupo Gallardo para construir una refinería en Los Santos de Maimona (Badajoz) con un oleoducto que atravesaría las provincias de Huelva y Sevilla para desembocar en la costa de Huelva.
La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, que negó «rotundamente» el tráfico de influencias, ha acusado a IU de incurrir en un «tráfico de información» por disponer tres meses antes que la Junta del proyecto original y ha asegurado que nunca ha defendido esta iniciativa y que es al Gobierno central al que corresponde la autorización o denegación de los permisos.
Valderas ha insistido en el «varapalo» que supone el documento de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente sobre las consideraciones ambientales del proyecto, en el que también se reclama un «correspondiente análisis» de los posibles impactos sobre los lugares declarados de Interés Comunitario y los hábitat naturales.
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