El PP insiste en pedir una investigación en la Diputación
El PP pedirá la celebración de un pleno extraordinario y urgente en la Diputación de Málaga que sirva para la creación de una comisión de investigación que aclare el grado de implicación que pueda tener la institución en el caso «Arcos» contra la corrupción urbanística en Alcaucín y por el que fueron detenidas 13 personas, entre ellas, el jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de este organismo, José Mora Lamperez, que permanece en prisión sin fianza. El presidente del PP malagueño, Elías Bendodo, reclama que se depuren las posibles responsabilidades «hasta sus últimas consecuencias». En cualquier caso, Bendodo considera que la Diputación tiene «responsabilidad ya sea por acción o por omisión» en este caso. En su opinión, existen datos «de la posible implicación de la Diputación» en la trama de Alcaucín, e insistió en que su presidente, Salvador Pendón, «ha mentido cuando dijo que Mora actuaba a título particular», en referencia a la documentación que obra en poder del PP que «acreditan que el jefe adjunto realizaba actividades ilícitas».
Publicado Viernes, 06-03-09 a las 07:08
La Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga tenían constancia, al menos desde 2006, de las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por el Ayuntamiento de Alcaucín, afectado por la operación «Arcos» y cuyo alcalde, José Manuel Martín, permanece en prisión provisional sin fianza. Así lo aseguró ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien afirmó que su partido tiene en su poder documentos de la Junta y la Diputación que muestran que la administración autonómica «archivó sin más» las continuas denuncias sobre el urbanismo de Alcaucín.
Estas acusaciones de los populares «sobre dejación de funciones» las rechazó, sin embargo, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, quien, en relación al caso «Arcos», trató de eludir las responsabilidades de la Junta en este tipo de cuestiones, al decir que esta administración «no es un gendarme de los ayuntamientos». En ese sentido, dijo que los Consistorios son «responsables de todo lo que pasa en los municipios y absolutamente responsables de la disciplina urbanística».
Batería de iniciativas
Con todo, el consejero lanzó una advertencia a los populares al hacer referencia a que hay 14 informes sobre Cómpeta, municipio gobernado por el PP, entre los 62 que le han reclamado juzgados o fiscales relativos al urbanismo de la Axarquía. Espadas, que comparecerá en el pleno, aseguró que «si como veo, el PP no parece estar por la vía del rigor informativo, sino todo lo contrario en relación con este tema, el consejero se verá obligado a dar esa información», en alusión a las localidades, entre ellas Cómpeta, incluidas en esos informes.
A pesar de ello, el PP tiene previsto presentar en el pleno del Parlamento una «batería de iniciativas» para analizar los últimos caos de denuncias urbanísticas que afectan a los alcaldes del PSOE, entre las que se cuentan una interpelación, la comparecencia del Consejo de Gobierno y preguntas orales sobre los casos de Alcaucín, El Algarrobico, Baena y la defensa de la legalidad urbanística en Andalucía.
«Dejación de funciones»
Sobre este último aspecto, Sanz no dudó en acusar a la Junta de «dejación de funciones» en lo que se refiere al control urbanístico, así como «de mirar hacia otro lado» cuando las denuncias afectan a responsables socialistas, algo que demuestran los casos de Marbella, Estepona y Alcaucín.
En lo que se refiere a la operación «Arcos», el dirigente popular denunció que desde 2006 la Junta «se dedicaba a archivar sin más» las denuncias que se presentaban sobre la presuntas irregularidades urbanísticas de Alcaucín. Como prueba de la «responsabilidad directa» de la Junta, mostró una serie de documentos, entre ellos, uno de la Delegación Provincial de Obras Públicas de Málaga donde se archivaba una denuncia.
Además, el dirigente del PP se refirió a otro informe de la Diputación Provincial, que certifica la legalidad de actuaciones llevadas a cabo en ese municipio, firmado por el el jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de este organismo, José Mora Lamperez, implicado en la causa. Por todo ello, el PP reclamará al Gobierno andaluz todos los expedientes que fueron archivados.
Además, Sanz hizo referencia a que, como ya publicó ABC, el PSOE conocía estas irregularidades urbanísticas por familiares del alcalde y compañeros de partido, aunque este partido «decidió ocultarlo» y presentarlo de nuevo a las municipales.
El consejero de Vivienda, por su parte, defendió la diligencia de la actuación de la Junta en esos informes y reconoció que si la administración «hubiera tenido indicios de un posible delito, lo habría remitido a la Fiscalía».
En ese sentido, aclaró que la Junta ha tramitado desde 1997 hasta principios de 2009 más de 1.400 denuncias por edificaciones ilegales en la Axarquía y que su departamento ha enviado, a petición de juzgados o fiscales, 62 informes de casos urbanísticos. De ellos, 14 corresponden a Cómpeta, que gobierna el PP, mientras que Alcaucín, dijo Espadas, sólo tenía seis peticiones de informe.

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