El PP incluye en su denuncia por el «caso Mercasevilla» al alcalde por encubridor
JESÚS SPÍNOLA Zoido, acompañado de concejales del PP, en el momento de entregar la demanda en los juzgados
Mellet, ante la Fiscalía
Fuentes de la Audiencia Provincial señalaron a ABC la posibilidad de que Mellet, Ponce y una trabajadora de Mercasevilla declararan el jueves ante la fiscal jefe. Como se recordará, la Fiscalía suspendió la declaración prevista el pasado lunes y anunciada por los medios de comunicación al alegar las defensas que necesitaban tiempo para conocer las declaraciones efectuadas ante la policía judicial. De confirmarse esta segunda declaración ya en los juzgados puede que sea la última iniciativa de este departamento en el caso si así lo reclama el juez.
Actualizado Sábado, 25-04-09 a las 18:54
El PP de Sevilla trasladó en la mañana de ayer al juzgado de guardia la anunciada denuncia por el «caso Mercasevilla», en el que la Fiscalía investiga el intento de cobro de comisiones a los empresarios del Grupo La Raza por parte de los dos directores del mercado central de abastos, Fernando Mellet y Daniel Ponce, a los que los denunciantes grabaron proponiéndole los pagos. Esa grabación, cuya transcripción se hizo pública esta semana por ABC, es la base principal de la denuncia de los populares, que llevaron el asunto al juzgado liderados por su portavoz, Juan Ignacio Zoido, tras reclamar insistentemente durante los últimos días al alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que llevase él la cuestión a un juzgado.
La respuesta del regidor y de su gabinete ha sido siempre negativa, justificándose en la tesis de «no entorpecer la labor de la Justicia», esto es, de la Fiscalía. Dada esa pasividad municipal, la oposición decidió denunciar. Eso sí, en la denuncia, a la que tuvo acceso este periódico, no sólo se incluye a Mellet y Ponce, los dos máximos responsables de la empresa municipal implicados en el tema, sino también del propio alcalde y presidente de Mercasevilla; el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU); el concejal socialista y ahora gerente de la entidad Alfonso Mir; el vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico de Sevilla, Manuel Marchena; el delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio Rivas; y el ex consejero de Mercasevilla y director de área municipal Enrique Castaño —éste involucrado en la trama del «caso Unidad»—.
En la denuncia penal se exponen los motivos de la inclusión de Monteseirín entre los implicados y, en ese punto, se indica que, pese a no ser «autor directo o cómplice» de los hechos, «es evidente que no sólo ha desatendido la obligación que le impone el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de denunciar los hechos que puedan ser constitutivos de delito y de los que tuviera conocimiento por razón de su cargo, sino que ha desplegado toda la actividad posible para el encubrimiento de los hechos, ayudando a los presuntos autores de un delito a eludir la investigación de la autoridad o sus agentes y obrando con un abuso de las funciones públicas que ostenta». Esto, según se señala, puede constituir un delito de encubrimiento a tenor del artículo 451 del Código Penal. Los hechos que el PP imputa a Monteseirín son de una gravedad enorme.
Pese a «ser advertido»
Incide la denuncia, de hecho, en que el alcalde «encubrió lo sucedido» a pesar de «ser advertido por la Consejería de Empleo el día 4 de febrero de la gravedad de las conversaciones de la dirección de Mercasevilla con empresarios de cómo se realizaba el proceso de adjudicación de subvenciones de la Junta». Se recuerda que en el Pleno del 6 de abril, Monteseirín «reconoció que ya el 6 de febrero tenía conocimiento de los hechos, motivo por el que ordenó la suspensión del consejo de administración de Mercasevilla previsto para ese día».
El PP pide la toma de declaración de todos los citados en calidad de imputados, dado que según la grabación ellos «tendrían conocimiento» de estas prácticas, así como de los empresarios en calidad de testigos. Los hechos pueden haber constituido, según la denuncia, comisión de delitos de coacciones, cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales y, como se ha dicho, encubrimiento, éste por parte del alcalde.
Zoido explicó que se ha «visto obligado» a denunciar, ya que «el alcalde hace tres meses que conoce los hechos y no lo hace», al tiempo que señaló que «ha pasado tiempo suficiente para que el asunto haya pasado de la Fiscalía a un juzgado».

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