Martes, 02-06-09
Por si la violencia de género no llevara en sí misma suficiente carga de abyección, no representara con absoluta claridad la cara más envilecida del ser humano y no alcanzara por sí sola la gravedad suficiente para considerarla una de las mayores lacras de la sociedad actual, una nueva dimensión de tan trágico fenómeno ha venido a revestirlo de una indigna e impensable adherencia: el aprovechamiento de un drama que ha acabado con la vida de tantas mujeres para la búsqueda fraudulenta de algún beneficio, generalmente económico. El ciudadano de Sevilla que ha pasado once meses en la cárcel a consecuencia de ocho denuncias demostradamente falsas de su pareja ha servido para poner de relieve la llamativa y en algunos casos escandalosa realidad que hoy muestra este periódico en un reportaje: sólo una mínima parte de las denuncias de malos tratos registradas en Sevilla acaba en condena, situación que lleva a un juez de familia a asegurar sin ambages que la violencia de género se está utilizando por parte de muchas mujeres para dar salida a su despecho o para sacar beneficio.
Pero no sólo falla, como en el caso del mencionado encarcelamiento injusto, el poder judicial; también la Junta de Andalucía, con la paga que indiscriminadamente facilita a toda mujer que presenta una denuncia por malos tratos, está fomentando que la picaresca se cuele entre tanta tragedia real y cotidiana. Sobre todo porque no retira a las falsas víctimas esta percepción económica una vez archivadas sus denuncias. Lo cual suma un nuevo escándalo al fraude crematístico: el negocio partidista que busca rentabilidad política a costa de un problema que tanto y tan justificadamente tiene sensibilizada a la opinión pública. Ante la evidencia del fraude, la Junta prefiere mirar irresponsablemente para otro lado antes que perder un ápice del rendimiento que sus dirigentes le sacan a su continua política de gestos, obsesivamente atenta a la imagen y la galería.
Frente a los maltratadores no cabe más que ejercer la más contundente respuesta que permita el Estado de Derecho, además de la labor preventiva —educación— que vaya reduciendo en el futuro este problema a brotes cada vez más aislados. Pero no emplear cauces que, lejos de representar solución alguna, provoquen lagunas jurídicas y administrativas que perjudiquen a inocentes, que menoscaben fondos públicos y que representen todo un insulto a las mujeres realmente maltratadas.

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