El juez Serrano denuncia casos de parejas de inmigrantes que pactan denunciarse para obtener una ayuda de la Junta
Las ayudas de la Junta a mujeres maltratadas pueden llegar a seis veces el Salario Mínimo Interprofesional
En 2007, en la provincia de Sevilla, se beneficiaron 30 mujeres de las ayudas económicas para víctimas de violencia de género que concede la Junta de Andalucía. En total, se destinaron 60.483 euros a esas ayudas. En 2008, se beneficiaron 34 mujeres de las ayudas, con una cuantía total de 88.524 euros. Según fuentes de la Junta, estas ayudas son concedidas a mujeres con problemas económicos que son víctimas de violencia de género. Las ayudas pueden llegar, según las mismas fuentes, a seis veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Actualizado Martes, 02-06-09 a las 08:44
El 17% de las 6.294 mujeres sevillanas que en 2008 presentaron denuncias por violencia de género terminaron retirándola, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Del total de los procedimientos judiciales por denuncias de maltrato, el 62% se archivaron provisionalmente —en la mayoría de las ocasiones porque las mujeres no quisieron declarar contra el presunto agresor y no había más prueba que su testimonio— y el 2% fueron sobreseídas antes de llegar a juicio.
En 2008 los juzgados de Violencia de Género de Sevilla dictaron 194 sentencias absolutorias y 253 condenatorias. Además, otras 699 denuncias fueron elevadas a órganos competentes una vez investigadas porque por la gravedad de los hechos corresponde a los juzgados de lo Penal o la Audiencia juzgarlos.
En 1.045 casos hubo lesiones y malos tratos físicos ocasionales; en 433 casos hubo malos tratos físicos habituales; en 386 casos hubo malos tratos psíquicos habituales; en 156 casos malos tratos psíquicos ocasionales y 164 denuncias fueron por malos tratos con lesiones de gravedad.
Estos datos cobran actualidad tras conocerse, tal y como publicó ayer ABC, que José Antonio Santos, vecino de Bormujos de 39 años, pasó once meses en la cárcel por las denuncias falsas de su pareja, que incluso llegó a autolesionarse para inculparle.
Francisco Serrano, juez de Familia 7 de Sevilla y autor del libro «Un divorcio sin traumas» (Editorial Almuzara), comentó ayer a ABC respecto a este noticia que «la ley de Violencia de Género se está utilizando por parte de muchas mujeres por despecho, rencor o para sacar beneficio», dice sin remilgo este magistrado.
«Hay mujeres que usan la Ley de Violencia de Género para apartar a sus hijos de sus padres, como una estrategia más de alienación parental. Hay casos en los que las mujeres no dejan a los padres ver a sus hijos y les amenazan con denunciarles por maltrato para que firmen el convenio regulador». admite este juez.
A su juicio, «ahora se está produciendo una situación de abuso en perjuicio de muchos padres, así como de hijos a los que de forma injustificada se les apartan de sus progenitores con órdenes de protección y medidas de alejamiento».
«El 90% de las denuncias por maltrato no deberían ir a un juzgado de Violencia, sino —dice — a mediación familiar o al Juzgado de Familia. Si de cada 100 denuncias protegiéramos a esas diez mujeres realmente maltratadas, daríamos confianza en el sistema a las mujeres que no denuncian por miedo». <MC2>
El problema está, en su opinión, en que hay que redefinir el concepto de «maltrato». «La Ley no protege a la mujer por el hecho de ser una mujer maltratada ni al hombre por ser un energúmeno maltratador, sino por ser mujer y hombre, y eso es un derecho penal de autor, donde no se castiga a la persona por lo que ha cometido, sino por lo que es: ser hombre o mujer».
Serrano va más allá al decir que «las mujeres no tienen por qué estar especialmente protegidas por el hecho de ser mujeres porque de ser así pasarían de estar bajo la tutela marital a la tutela institucional. Eso sería humillante para las mujeres porque supondría que la Ley considera a la mujer un ser inferior y sometida al hombre por tener una relación de pareja».
«En un momento de arrebato un padre al que no le dejan ver a los niños puede decirle a su mujer: ¡oye, pendeja, déjame ver a los niños, que te vas a enterar!. Según la Ley, eso entra dentro del concepto de maltrato y no es una denuncia falsa, pero es una injusticia que a ese señor lo puedan detener y condenar, así como estigmatizar como maltratador», añadió.
«Aquí, en una situación de conflictividad familiar, en lugar de echar agua al fuego, echamos gasolina. Esa tensión emocional podría ser reducida con métodos preventivos a través de conciliación familiar o el juzgado de familia».
Para este juez y escritor, «la violencia de género se ha convertido en un negocio político y crematístico porque hay mucho dinero de por medio a través de ayudas a las maltratadas y subvenciones a ONGs y entidades».
En cuanto a las ayudas que las administraciones dan a mujeres maltratadas, afirma que «se dan casos de parejas de inmigrantes que pactan denunciarse para cobrar esas ayudas. Hay que investigar cuándo se retira una denuncia por miedo y qué denuncias son producto de un auténtico abuso».
Control de las ayudas
Por otra parte, puntualiza que hay mujeres maltratadas que continúan recibiendo esas ayudas aunque la denuncia haya sido sobreseída o el denunciado haya sido declarado inocente. «Eso ocurre —explica— porque no se pone en conocimiento del órgano pagador que hay un sentencia absolutorio o un sobreseimiento de la causa».

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