Anticorrupción señala ya a toda la comisión ejecutiva que aprobó la adjudicación «fraudulenta» de terrenos municipales
La Fiscalía apunta a Torrijos, Crespo y Castaño como imputados en Mercasevilla
Mellet, Crespo y Torrijos en un acto de Mercasevilla. ABC
ADRIANO
Cortafuegos
El repentino interés de la Fiscalía en Mercasevilla da que pensar. Algunas fuentes bien informadas cuando hace falta dan por hecho que Torrijos, Crespo y Castaños y el resto de la comisión ejecutiva que preparó el pliego serán llamados como imputados. Y ya no se sabe si es que los «tempos» de la Fiscalía son distintos y es ahora cuando comienza el baile de verdad; o la luz de la investigación judicial ha agudizado por fin la curiosidad de Anticorrupción; o si hay detrás presiones de altas instancias para aplicar el cortafuegos en un incendio que amenaza con saltar los muros de la Gerencia de Urbanismo y más allá. Y hay zonas quemadas irrecuperables.
Actualizado Miércoles, 14-10-09 a las 17:48
El cerco de las implicaciones en el caso Mercasevilla se va estrechando y alcanza ya a los políticos entre ellos el primer teniente de alcalde,Antonio Rodrigo Torrijos. Ayer se supo que la Fiscalía de Sevilla está estudiando pedir que se impute a toda la comisión ejecutiva de la entidad municipal que participó en la adjudicación a la constructora Sando del derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla.
Aunque fuentes de la Fiscalía de Sevilla aseguraban que la imputación no se ha hecho todavía, la fiscal jefe estudia el caso personalmente con el delegado de la Fiscalía anticorrupción. Eso supondría que la jueza instructora, Mercedes Alaya, los imputará formalmente y los citara a declarar en el caso de la adjudicación fraudulenta de los terrenos municipales. La idea es solicitar la imputación de la comisión ejecutiva de Mercasevilla que en noviembre de 2008 realizó el estudio de la venta de los terrenos y la fórmula que debía emplearse para esa adjudicación que la magistrada considera fraudulenta.
En esa comisión ejecutiva que podría ser imputada, estaban presentes además del entonces presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, varios consejeros como el teniente de aclalde Antonio Rodrigo Torrijos o el que fuera director del área de Vía Pública, Domingo Enrique Castaño, además del secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez y el interventor, José Miguel Braojos, estos dos últimos excluidos luego de la mesa de contratación que resolvió el concurso.
Esa reunión, celebrada el 8 de noviembre de 2005 acordó proponer a la junta general extraordinaria de Mercasevilla celebrar la convocatoria de concurso público para la adjudicación de un derecho de opción de compra sobre los terrenos propiedad de Mercasevilla cuya unidad alimentaria iba a trasladarse. La opción acabó aprobándose en una reunión del consejo de administración en diciembre de 2005.
Las imputaciones se producirían después de que, en los últimos días la policía judicial haya tomado declaración a la mayoría de los miembros de la citada comisión ejecutiva que adjudicó esos terrenos a Sando por un valor de 106 millones de euros pese a que la oferta del grupo Noga era superior ya que ascendía a 158 millones de euros.
Además esa adjudicación se hizo poniendo una cláusula que limitaba al alza las ofertas algo que llamó la atención de los técnicos, alguno de los cuales ha llegado a afirmar ante la jueza que nunca había visto una cláusula igual. Hasta ahora todos han prestado testimonio ante la Policía como testigos.
Sin embargo la solicitud por parte del Ministerio Público de esa imputación supondría un cambio de postura en el departamento que dirige María José Segarra que, hasta ahora, había mantenido cierta pasividad ante la trama que fue puesta en su conocimiento en febrero. De esa fecha es la grabación de los empresarios de La Raza en las que los directivos de Mercasvilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, les pedían una comisión de 450.000 euros a cambio de la adjudicación de la escuela de hostelería.
Después de eso, apenas tomó varias declaraciones y dejó pasar varios meses. Eso provocó que el PP tomara la iniciativa y presentara una querella a finales del pasado abril que provocó que el caso fuera a parar al juzgado de instrucción número 6, cuya titular Mercedes Alaya indagó con más contundencia. Desde que el sumario cayó en sus manos, no sólo se ha investigado el asunto de las comisiones para la escuela de hostelería sino que ha abierto diligencias aparte sobre la adjudicación a Sando, una trama en la que no ha permitido a la propia Mercasevilla personarse porque, argumentaba, lo único que pretendía era «apuntarse un tanto». Por este asunto están imputados Fernando Mellet y Daniel Ponce por prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas y fraude cometido por funcionario público. También el ex vicesecretario de Mercasevilla, Jorge Piñero y los técnicos, José Antonio Ripollés y Victoria Bustamante.
Inicialmente la Fiscalía no compareció en las primeras declaraciones del caso solicitadas por Alaya, en otras se abstuvo de hacer preguntas. Ahora Anticorrupción empieza a actuar a la vista de los acontecimientos y tras las declaraciones ante la Policía Judicial de los miem,bros de la ejecutiva como testigos. Y empieza apuntando alto.

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