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Indignación sindical ante la extensión de una «administración paralela» a la Junta

Entienden que el personal hasta ahora empleado en la Junta pasará automáticamente a formar parte de las agencias que se pongan en marcha, quedando en «absoluta indefensión»

Indignación sindical ante la extensión de una «administración paralela» a la Junta

Con la aprobación de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), el pasado 2007, se dio luz verde a la posibilidad de que todas las consejerías y organismos autónomos de la Junta crearan «agencias instrumentales», teóricamente para conseguir una «mayor eficacia de su gestión», pero lo que es cierto es que a través de ellas la Administración andaluza logrará una mayor autonomía de la gestión del dinero público, ya que se desprende de los numerosos y rígidos controles que supone acogerse al Derecho Administrativo.

La idea de extender estos nuevos entes por toda la Administración andaluza es una amenaza ante la que vienen alertando los sindicatos, que advierten que serán los empleados públicos que pasen a formar parte de ellos los que queden en «absoluta indefensión». Para el sindicato CSIF, la Junta está abriendo caminos para «tener las manos libres y contratar en base a la “dedocracia” pura», ya que las nuevas agencias tendrán libertad de contratación sin atender a los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

Esta situación ha provocado las protestas de sindicatos como el CSIF, mayoritario entre los empleados públicos de la Junta de Andalucía, al entender que todo el personal que hasta ahora dependía de la Junta, pasará automáticamente a formar parte de estas agencias de régimen especial, y quedando en «absoluta indefensión».

El CSIF entiende que las nuevas contrataciones que se hagan desde estas nuevas agencias no tendrán que estar sometidas a los principios de igualdad, mérito y capacidad, como hasta ahora era preceptivo en la Administración pública, pues será el régimen jurídico privado el que las regule de ahora en adelante, con lo que los empleados públicos perderán su posibilidad de movilidad dentro de la Administración, y que sus salarios, despidos, contrataciones ya no puedan depender de régimen general de la Junta.

La Agencia Tributaria

Sin ir más lejos, hace sólo unos días los cinco sindicatos representados en la mesa sectorial (CSIF, UGT, CC.OO, Ustea y el Sindicato andaluz de funcionarios de la Junta) optaron por abandonar unánimemente las reuniones con la Consejería de Justicia y Administración Pública debido a los desencuentros ante la reciente aprobación de los estatutos de la Agencia Tributaria de Andalucía, de nueva creación, que se configura como un ente de derecho público adscrito a la Consejería de Economía, con régimen especial de autonomía y personalidad jurídica diferenciada. Es la primera agencia de régimen especial que se crea desde que se aprobó la Ley de organización de la Junta, pero no será la última.

Los sindicatos denuncian que el decreto por el que la Junta aprobó el pasado setiembre los estatutos de la Agencia Tributaria «no han sido negociados» con la mesa sectorial, que no han sido informados de la modificación de Relación de Puestos de Trabajo y que no se ha planteado a los trabajadores afectados la posibilidad de pasar voluntariamente a este nuevo organismo.

El sindicato CSIF exige al Ejecutivo andaluz que garantice a los trabajadores de la Administración que no van a perder ningún derecho en este trasvase y que se les asegure la posibilidad de poder volver a ocupar su puesto en la Junta de Andalucía. Además, cuestionan a la Administración por los criterios seguidos para el traspaso de las personas que ocupan los puestos bases y si se van a garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores.

El CSIF además ha ido un paso más allá, ya que ha presentado un recurso contencioso administrativo contra este decreto de la Junta.

La urgencia del Ejecutivo andaluz viene dada porque la Agencia Tributaria de Andalucía debería estar operativa a partir del 1 de enero de 2010.

Escapismo administrativo

CSIF denuncia la puesta en marcha de estas nuevas agencias instrumentales porque, a juicio de este sindicato, no es más que «una situación de escapismo administrativo y la recolocación de antiguos altos cargos, creando para ello una Administración paralela y a su medida sin tener en cuenta el bien común de los ciudadanos».

Alicia Martos, portavoz de CSIF, confirma que esta situación de “agencialización” va “in crescendo” en la Administración, que así se ahorra adecuar las plantillas de funcionarios a la necesidad real de trabajo que existe.

«Son el mismo perro con distinto collar, sólo que ahora escapan de todo control».

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