GOBIERNE quien gobierne Córdoba en 2011 hay algo claro respecto al urbanismo: ningún partido pondrá cortapisas a las atrocidades que se han cometido, se siguen consintiendo y, lo peor, se atisban en el horizonte dadas las bases que se están colocando estos días con el caso de las naves de Colecor y el plan de la Sierra —una parte de ella protegida por la Unión Europea— , con más de 24 parcelaciones ilegales a todas luces y un plan especial que pasa por encima de ellas como si no existieran a la vista del ojo humano.
Ningún partido, ni el PP ni el PSOE, ni por supuesto IU, que ha dado sobradas muestras de su mala gestión, pondrán coto a las irregularidades que campan a sus anchas desde hace muchos años en la ciudad. Demasiados, hasta para contemplar cómo la hoy responsable de la ordenación del territorio en Andalucía fue la alcaldesa bajo cuyo mandato de casi una década se hizo acopio de un historial urbanístico algo más que curioso.
El urbanismo, la gran vaca sagrada de la que han vivido infinidad de ayuntamientos de todo signo hasta la crisis, ha jugado la doble moral de llenar la saca pública mientras abría los agujeros de la ética y la ley con el butrón de la corrupción, las irregularidades manifiestas o el agravio comparativo al resto de ciudadanos y contribuyentes cegando toda acción política contundente, que prefería taparse la nariz con la mano.
La segunda «amnistía» para el urbanismo ilegal de Córdoba —en la primera se legalizaron treinta parcelaciones—, como este periódico titulaba en su edición de ayer, es un mazazo en toda regla para las expectativas que se van generando de cara a las próximas elecciones y el tiempo venidero para una ciudad que busca referentes, líderes y pilares donde sostenerse mientras se desangra poco a poco. No es ninguna hipérbole para la dimensión real que va a tener la decisión unísona que IU, PP y PSOE —aunque intenten disfrazar su andanada con argumentos más o menos peregrinos y sin sustancia— van a certificar en los próximos días, y que da mucho, pero que mucho que pensar sobre las alternativas que están por venir o el mal patrón político ya conocido desde hace décadas que podría hasta subsistir.
La salida «honrosa» para las naves de Colecor con el derribo de unos 15.000 metros cuadrados de techo (nave y media de las cuatro que hay, sin contar el sótano) causa rubor. El conocido plan especial Carretera de Palma del Río da cobertura legal al gran bazar chino de Rafael Gómez. Y aunque en primera instancia fue anulado por el TSJA, entre otros motivos, porque el Ayuntamiento le permitió hacerlo a sus anchas sin contar con el resto de propietarios, el resultado del nuevo es otro traje hecho a la medida del pacto tácito con el que nuestros políticos quieren darle a esta fechoría urbanística y a su autor vía libre.
Los efectos son tan duros como el encaje que algunas piezas aún deben tener para que la jugada sea perfecta. Además de mantener el 60 por ciento del negocio en pie, la regularización abre la puerta a que la famosa multa de 24,6 millones de euros se vea reducida a 6 millones. Y como la rendija la brinda la ley, no escatimará el empresario de Cañero arrestos —como viene haciendo— para pelear esa última llama viva de esperanza. El socavón para las maltrechas arcas municipales será de considerable diámetro y, como siempre, acabaremos pagándolo.
La Junta de Andalucía, que inició hace un lustro una batalla sin cuartel contra esta aberración, debe ahora informar el nuevo texto nacido de un preacuerdo político entre la nueva consejera de Obras Públicas y ex alcaldesa, Rosa Aguilar, y el regidor de Córdoba y ex responsable de Urbanismo, Andrés Ocaña. Ambos, protagonistas absolutos de este affaire y ahora jueces y parte del desenlace final con la bendición del PSOE, en otro ejercicio más de su ya innata capacidad autodestructiva en Córdoba.
No le bastó dilapidar el activo político de Antonio Hurtado en un día, ni enarbolar la bandera de la izquierda ideológica frente a los desmanes impíos del ladrillo, ni acorralar a su más determinante adversaria político, o poner todas las fichas en la misma casilla con los recursos jurídicos apostándose el crédito político... «Hay que pasar página», como dice estos días el secretario provincial socialista, Juan Pablo Durán, dándole una bofetada a los votantes y simpatizantes y de paso a la ciudad. Y a fe que lo vienen haciendo: le salvaron a Aguilar la poltrona con otro vergonzante pacto de «progreso», la rescataron en celda de oro para su «junta» del infierno comunista y ahora sueltan la alfombra roja para que ella misma remate el desmán de Colecor. Vivir para ver.
De verdad, ¿tanto vale ya Colecor y Gómez o un puñado de miles de votos de los parcelistas como para hipotecar de esta forma la dignidad y el futuro de Córdoba...? Supongo que el líder popular, José Antonio Nieto, no pensaba en apoyar el plan de Colecor el día que pidió una comisión de investigación para examinar con lupa el urbanismo de Aguilar y compañía al que ahora, palabras más, palabras menos, va a dar su «bendición». Los hechos del presenten desarbolan por completo aquella estrategia política que, además de demostrar que no sirvió para nada, salvo para el ruido mediático, evidencian una clamorosa falta de coherencia y de alternativa para desinfectar la podrida cloaca que sufren nuestras pituitarias.
Si el PP va a ser la fuerza que gobierne a Córdoba los próximos años si las urnas así lo deciden —casi por eliminación— cuesta entender que su posición respecto a uno de los problemas endémicos de la ciudad sea la misma, al milímetro, que la defendida y practicada por IU con la connivencia del PSOE. No sólo en Colecor o el plan de la Sierra, baste tirar del Archivo Municipal o las hemerotecas. IU, PSOE y PP han vuelto a darle la espalda a Córdoba en un mísero acto de cobardía por no cortar de raíz los problemas que ellos mismos crearon un día.
fjpoyato@abc.es
