El gran error de la teniente de alcalde de Presidencia, Rosa Candelario, fue firmar contratos que favorecían a la empresa que dirige su hermano, cuando debía de haberse inhibido de participar en el proceso. Así lo cree la Secretaría General del Ayuntamiento de Córdoba, que ha elaborado un informe jurídico en el que analiza las denuncias del PP sobre supuesto trato de favor de la edil de IU hacia un familiar directo.
Su hermano es consejero delegado de una conocida empresa de moda textil a la que el gobierno municipal adjudicó, entre otros trabajos, la redecoración del despacho del alcalde, las telas y el bordado de los palcos de Semana Santa y los faldones de los macetones que se colocan en la ciudad en Navidad o en el Festival de Patios.
El «modus operandi» fue muy sencillo: al tratarse de contratos menores —por cuantía inferior a los 18.000 euros—, funcionarios municipales invitaron a varias empresas a pujar por el contrato. No fue preciso publicitarlo. La adjudicación la validó Candelario. En ocasiones sólo se solicitaron ofertas a dos empresas donde trabaja su hermano, como en el caso de los palcos de Semana Santa.
La Secretaría General detecta en los contratos de Candelario irregularidades de carácter administrativo, aunque no encuentra indicios delictivos, como sospecha el PP que ha remitido a la Fiscalía tanto los encargos a la firma de su hermano como el pago de casi 800.000 euros divididos en 441 facturas a otras dos empresas por diversos servicios cuando la concejala estaba al frente de la cartera de Infraestructuras. En este último caso no medió un concurso, como estipula la norma para sumas de tan elevada cuantía.
Restricciones legales
Según avanzaron a ABC de fuentes municipales, el citado informe jurídico advierte de que la actual concejala de Presidencia debió abstenerse de firmar los decretos de adjudicación. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es determinante en este sentido.
Deben abstenerse de intervenir en procedimientos de contratación las autoridades y personal que tenga «parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas». Añade, a continuación, que «la no abstención en los casos que proceda dará lugar a responsabilidad».
Causa de abstención
En todo caso, la misma norma aclara que «la actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido».
En un intento por rebatir el chaparrón de críticas de la oposición, la teniente de alcalde ha esgrimido en su descargo que su participación en el proceso se limitó a resolver la selección que previamente habían propuesto los técnicos o su director general de Infraestructuras.
La ley no entra en estas distinciones. Y también es rebatible —así lo entiende al menos el PP— que se escude en propuestas técnicas realizadas por un director general, que, si bien es funcionario municipal, ocupa un cargo de confianza de la teniente de alcade. Lo hace en un régimen de servicio especial.
Harina de otro costal es que puedan desprenderse indicios delictivos de la actuación de la concejala. El informe jurídico descarta esta posibilidad. De lo contrario, la Secretaría General, en virtud de su puesto, estaría obligada a ponerlo de inmediato en conocimiento del fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro. Así sucedió, por ejemplo, cuando, a través de varios testimonios, tuvo fundadas sospechas de que policías locales que se construyeron un chalé ilegal en la parcelación de Torreblanca habían podido manipular actas de inspección, borrar expedientes y falsificar firmas.
En todo caso, será el fiscal el que tenga la última palabra al respecto. Ya ha anunciado que se tomará todo el tiempo que haga falta para resolver si remite al juzgado el denominado «caso Cortinas» y el fraccionamiento de facturas.
Entre tanto, las denuncias del PP han provocado un auténtico terremoto en el seno del equipo municipal, cuya principal cabeza visible, el alcalde, Andrés Ocaña, se ha apresurado a dar la cara por su edil, que forma parte del núcleo duro de su gobierno.
El PP ha pedido la dimisión de Rosa Candelario, que ha optado por guardar silencio hasta que se pronuncie el fiscal. El regidor, por su parte, atribuye la denuncia a una «venganza» de los populares por la retirada del sueldo a cuatro concejales de la oposición.
