El PSOE se bajó ayer del que fue su «caballo de batalla» muchos años: el Plan Especial de la Carretera de Palma, que da cobertura a las naves levantadas sin licencia por Rafael Gómez. Tras ejercicios de reparos, consumó su marcha atrás votando en el consejo de Urbanismo a favor de la aprobación provisional del segundo plan especial que se elabora para la zona, después de que el primero lo anularan los tribunales.
El portavoz municipal del PSOE, Rafael Blanco, emitió un comunicado en el que justificaba la decisión. Entre otros motivos, aseguraba que el documento «cumple la legalidad y se tramita desde lo público». Olvidaba con ese argumento que la Junta se opuso al primer Plan Especial de la Carretera de Palma no sólo por haber sido redactado por una empresa de Rafael Gómez, Arenal 2000 —precisamente, por eso lo tumbó el TSJA en 2008, después de que la Consejería de Obras Públicas lo llevará a la justicia—, sino por otras razones. Por ejemplo, una de las objeciones que puso en su día la Delegación de Obras Públicas es que se vulneraba la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), pues la superficie dedicada a uso industrial suponía «un gran consumo de suelo» que excedía los parámetros previstos.
La Junta, y hasta hace nada el PSOE, ha venido defendiendo que, de los 40.000 metros cuadrados de naves alzadas en Colecor sin licencia, había que tirar, al menos, el 50%.
Sin embargo, ahora el grupo municipal socialista y el PSOE cordobés han dado por buena la solución que propone IU, que dirige Urbanismo y es responsable del nuevo Plan Especial de la Carretera de Palma. Gómez, para legalizar sus gigantescos almacenes, deberá demoler unos 15.000 metros cuadrados. Esta cifra supera los 10.000 que inicialmente planteó la coalición, pero se ha obtenido con un truco que obvian los socialistas. La artimaña reside en que Urbanismo ha ampliado el ámbito territorial de Colecor en este plan especial. En su primera formulación, la naufragada en el TSJA, la extensión no llegó a 100.000 metros cuadrados. En la actual, se va a 136.000. Y no es lo mismo aplicar el 21% de ocupación del territorio permitido en esa zona a una superficie o a otra. Manteniendo la extensión inicial, habría que haber tirado casi la mitad de las naves. Con la dimensión ampliada, el derribo se queda en unos 15.000 metros.
Sin duda, es un buen «traje a medida» urbanístico para Gómez. Pese a ello, Blanco aseguró que el nuevo Plan Especial de Carretera de Palma se ha elaborado respondiendo a «intereses generales y tiene en cuenta a todos los propietarios». La afirmación no se sostiene, porque varios dueños de suelo en dicho plan especial han presentado alegaciones.
Justificación de Durán
El PSOE, además, dio el «sí» cuando pudo haberse abstenido —la tramitación hubiera seguido porque el PP también se abstuvo e IU votó a favor— y esperar a ver qué decía la Delegación de Obras Públicas. Ésta, tras recibir la luz verde provisional, debe elaborar un informe preceptivo, aunque no vinculante, sobre este instrumento urbanístico, indicando si se adapta a la LOUA y al PGOU. Y el delegado provincial de esta materia y secretario de la agrupación socialista de la capital, Francisco García Delgado, ha lanzado ya un aviso. Ha indicado que la Junta aún no tiene fijada una postura sobre Colecor.
Fue llamativo que ayer mismo el líder provincial del PSOE, Juan Pablo Durán, emitiera una nota en la que señaló que es «lógico que ahora este plan lo apoye el PSOE, porque refleja lo que una sentencia dio como razonable». Indicó que a partir del fallo del TSJA esta pieza urbanística se elaboró desde lo «público; luego respeta los usos que establecía el PGOU y, tercero, restaura la legalidad». Durán hace esta afirmación sin que la Junta haya emitido su informe ni conozca el contenido del plan especial.
De hecho, Blanco se curó en salud en su comunicado al aludir al informe de Obras Públicas. Hizo hincapié en que el grupo socialista asumirá el dictamen de la Junta y, en su caso, «apoyará proceder a los cambios que sean necesarios en lo aprobado» ayer.
