LA huelga convocada en el sector público para el pasado 8 de junio acabó en un sonoro fracaso. La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios, la CSIF, se sintió postergada en la manifestación convocada para la tarde del mencionado día. Solo hablaron los de la Unión General de Trabajadores y los de Comisiones Obreras. El representante de la CSIF acusó a ambos sindicatos de haber utilizado la jornada de protesta para calentar motores de cara a una huelga general. Llevaba razón el representante del sindicato mayoritario en la función pública, pero pagaba las consecuencias de su error. Nunca debería haber aceptado convocar una huelga con tales compañeros de viaje, dado el desprestigio actual de UGT y CCOO habida cuenta de la actuación que protagonizan desde el comienzo de la crisis. El rechazo a las iniciativas sindicales ya se puso de manifiesto en el fracaso de las convocatorias del Primero de Mayo donde apenas lograron reunir unos cuantos miles de manifestantes. Era la respuesta de los trabajadores de un país, donde hay 4.500.000 de parados y muchos empleos en el aire, a la actuación adocenada de unos sindicatos nutridos generosamente por el gobierno de Zapatero –la UGT ha recibido en los últimos dos años a razón de seis millones diarios, que se dice pronto, de las antiguas pesetas- y que se han dedicado a contemporizar mientras, en ese mismo tiempo, 2.000.000 de trabajadores perdían su empleo. Con esos mimbres la huelga en la función pública fue un fiasco y las cifras de huelguistas dadas a lo largo de la jornada por los sindicatos eran una burda mentira. El gobierno se mostró mucho más serio en sus datos y la realidad fue que los funcionarios acudieron mayoritariamente a sus puestos de trabajo.
La realidad fue que muchos funcionarios dudaron entre Escila y Caribdis –dos monstruos que, según la mitología griega, estaban situados a los lados de un estrecho desde el que amenazaban, uno con sus dentadas fauces y otro con sus peligrosos remolinos, a los barcos que habían de pasar por tan peligroso lugar-, porque no ir a la huelga podía interpretarse como un apoyo a la política económica de Zapatero, pero secundar el paro significaba hacerle el juego a UGT y CCOO. Los trabajadores de la función pública fueron más avispados que los dirigentes de la CSIF y decidieron no convertirse en instrumento de unos sindicatos desacreditados para lanzarlos a una huelga que sería sufragada por sus menguantes bolsillos.
No sé si en esta historia el gobierno es Escila, la horrible criatura con seis cabezas y tres hileras de dientes en cada una, y los sindicatos Caribdis, el terrible remolino que, tres veces por día, tragaba y vomitaba las aguas de su contorno, o es al revés. Muchos funcionarios dudaron el pasado día 8 entre Escila y Caribdis; en román paladino, vacilaron entre lo malo y lo peor, y para muchos fue determinante no perder otro puñado de euros; ya tendrán ocasión de ajustar cuentas con quien ha bajado sus retribuciones. Ahora, con la convocatoria de una huelga general ¡para el 29 de septiembre! serán muchos los trabajadores españoles que volverán a dudar entre seguir a estos sindicatos o castigar a este gobierno.
