Con toda probabilidad, el constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez no irá a la cárcel. La pena que solicita la Fiscalía Anticorrupción por su implicación en la denominada «operación Malaya» es un año y medio de prisión. En el hipotético caso de que el juez confirmara la condena, que incluye el pago de 1,2 millones de euros, no tendría que purgar entre rejas su «penitencia» por un supuesto delito de cohecho activo.
La acusación considera que el propietario de Arenal 2000 pagó 600.500 euros al cerebro de la trama sobre la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Marbella, el ex asesor Juan Antonio Roca, a cambio de que éste hiciera la vista gorda con las obras de reforma de unas oficinas en el Paseo Marítimo de la ciudad costasoleña que iban en contra de la normativa urbanística y para las que carecía de licencia. El dinero, que se entregó en dos cheques en julio y noviembre de 2004, tenía como objetivo «asegurarse la actitud inactiva y permisiva del Ayuntamiento», concluye el escrito.
El artículo 81 del Código Penal estipula que las condenas de cárcel inferiores a los dos años no se hacen efectivas excepto salvo que existan antecedentes penales. Gómez no tiene cuentas pendientes con la justicia, por lo que no tendrá que ingresar en prisión y seguirá libre como hasta ahora, salvo que el magistrado decida elevar la petición del fiscal, lo que no suele ser habitual.
Es más, el letrado que asesora jurídicamente al empresario luchará por conseguir una rebaja de la condena o podría solicitar su absolución.
Teniendo en cuenta el calvario personal y empresarial que viene sufriendo Gómez desde el tumultuoso arresto en su casa de Sansueña el 27 de junio de 2006, la petición de Anticorrupción ha sido recibida con alivio.
Aquel duro mazazo, que lo colocó en el disparadero mediático —incluso la prensa del corazón quiso hacer carnaza del árbol caído— le obligó a desprenderse de gran parte de los activos que atesoraba en suelos (por más de 400 millones de euros). Los vendió, eso sí, a buen precio, al hacerlo antes de que se desinflara la burbuja inmobiliaria.
En el entorno del promotor y joyero se congratulan de que pueda esquivar la cárcel. La solicitud de penas confirma, según relataron fuentes cercanas a Gómez, que su implicación es «pecata minuta» en comparación, por ejemplo, con el otro empresario cordobés salpicado por el «caso Malaya», José María Enríquez.
Pena más dura
Más crudo lo tiene, en efecto, el propietario de Promociones Los Jardines para eludir la cárcel. El fiscal pide para él ocho años y 28,6 millones de euros de multa por sendos delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Considera que Enríquez abonó 288.500 euros en dos entregas en diciembre de 2005 y enero de 2006 a Roca para obtener licencia de primera ocupación de la promoción Casablanca Beach, en San Pedro de Alcántara.
La pena que solicita el fiscal se eleva debido a la rocambolesca compra de estos suelos en una operación diseñada supuestamente de mutuo acuerdo con el todopoderoso ex asesor de Urbanismo.
