La cantidad de asuntos que están llegando a los juzgados de lo Social de la mano de la crisis económica han alcanzado un nivel alarmante, como consecuencia directa «del gran número de despidos y de las empresas que cierran». Así lo puso de manifiesto ayer el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, que hizo un balance de los datos anuales publicados en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 2009 (TSJA) y que se hicieron públicos hace unos meses.
De este modo, durante el pasado ejercicio se contabilizaron 6.366 asuntos y se llegaron a resolver 6.210, lo que representa una tasa de casos pendientes de un 11 por ciento, con 1.491 procedimientos sin sentencia al concluir el periodo.
A priori, no resulta llamativo. Pero la cosa cambia si se tiene en cuenta que estos cuatro juzgados soportan una carga de trabajo por encima del 87 por ciento de lo recomendado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Menos de los necesarios
«De hecho, en la memoria se pone de manifiesto que lo ideal sería contar con siete órganos. Ha sido necesario elaborar planes de refuerzo para sacar adelante los asuntos», explicó Baena.
Junto a ellos, destacan los de Primera Instancia, que se encargan, sobre todo, de las reclamaciones entre particulares, además, de aquellos temas que no estén atribuidos a otro orden jurisdiccional, como, por ejemplo, cuotas atrasadas de comunidades, daños por accidentes de tráfico, o separaciones y divorcios.
Según el informe anual, sobrepasan en un 131,7 por ciento el módulo de trabajo fijado por el CGPJ, una carga más que excesiva que se distribuye entre los ocho órganos existentes.
En este caso, «debería haber casi el doble, quince, pero no se propone su creación porque la situación responde a la actual coyuntura económica», manifestó el presidente de la Audiencia.
En la provincia, los partidos judiciales de Lucena y Posadas son los que tienen mayor litigiosidad «e incluso casi tendrían que tener cuatro órganos cada uno, ya que se encuentran al 46 por ciento por encima del módulo de entrada», señaló Baena.
La negra estela de la crisis también se ha notado en el Juzgado de lo Mercantil, lo que pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de que se cree uno exclusivo, ya que, en la actualidad, comparte trabajo con el de Primera Instancia número 9. Según las previsiones, se pondrá en marcha en diciembre.
Durante 2009, esta unidad, encargada de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, registró 500 causas y resolvió 354. La pendencia se incrementó un 38 por ciento, al pasar de 373 en 2008 a 517 el pasado ejercicio. Además, la carga de trabajo que soporta es un 42 por ciento superior a lo establecido por el CGPJ.
En los juzgados de lo Penal, a pesar de la creación del número cinco, «sigue habiendo problemas por el número ingente de ejecutorias».
Igualmente, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, aunque en la actualidad hay cinco, deberían ser seis, pero «no se están produciendo grandes disfunciones», dijo Baena.
Instrucción y Menores no quedan mal parados. Los primeros mejorarán su situación cuando, a finales del presente año, se cree el número 8. En el caso de los juzgados de Menores, con el segundo órgano se ha conseguido reducir el tiempo de espera a la hora de fijar las vistas orales.
Baena, haciéndose eco de la memoria, señaló que el principal problema de la Justicia en España es la «falta de organización». En este sentido, «la solución pasa por acrecentar los medios, pero reequilibrando el gasto bajo la premisa de un nuevo modelo judicial», porque «la demarcación y planta actual está obsoleta».
