Algunos lo veían venir y otros se frotan los ojos con fruición al conocer que Miguel Torralbo Vioque, concejal de Socialistas de Villanueva (SV) —rama escindida del PSOE—, ha dado con sus huesos en el calabozo a raíz de una denuncia por una supuesta estafa inmobiliaria en varias promociones del sur de Madrid.
Al final, el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha decretado la libertad provisional del máximo responsable de la gestora madrileña de cooperativas Ofigevi, previo pago de una fianza de 300.000 euros.
Torralbo está acusado de estafa, apropiación indebida, disposición fraudulenta de bienes y falsificación de cuentas anuales por miles de socios de siete de las doce cooperativas que gestionaba Ofigevi, que no van a poder edificar las más de 3.000 viviendas ofertadas ni devolver a los cooperativistas las cantidades que entregaron, que rondan de media los 40.000 euros, según informa Efe.
Según el auto publicado ayer por ºTribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la juez María del Coro Cillán ha considerado «suficiente» la libertad provisional bajo fianza de Torralbo, que deberá comparecer semanalmente en el juzgado y que tiene prohibido abandonar el territorio nacional.
En febrero de este año ABC informó de la existencia de esa denuncia que el propio interesado se encargó de desmentir asegurando a este periódico que tras ella se escondía el interés espurios de otras gestoras para arrebatarle los contratos.
Los afectados, por su parte, sostienen que el ex sindicalista y mecenas del Villanueva CD desvió las cantidades aportadas para la construcción de viviendas a sociedades fantasmas y personas afines. Se habla de 48 millones de euros.
Ofigevi firmó entre 1998 y 2008 contratos con once cooperativas de viviendas. Su cometido era gestionar los proyectos, conseguir la calificación de los suelos y su urbanización.
Torralbo también está ligado a la industria cárnica en su pueblo natal donde conserva el acta de edil y una larga trayectoria como empresario cárnico y mecenas del club de fútbol local. Sus cuentas pendientes con la justicia no son las únicas; también le sigue el rastro la Seguridad Social.
