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Nueva sentencia contra la Junta por desviar trabajo de funcionarios a empresas públicas
Un juzgado suspende una encomienda de gestión del SAE a una fundación pública
Los tribunales de Justicia han vuelto a dictar una sentencia contra la Junta de por derivar trabajo que deben realizar los funcionarios hacia el personal de sus empresas públicas . Se trata de un fallo, al que ha tenido acceso ABC, por el que un tribunal sevillano suspende cautelarmente una encomienda de gestión del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (FAFFE), las dos dependientes de la Consejería de Empleo. Esta sentencia se une a otras dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la Junta por otras encomiendas de gestión, como por ejemplo, las promulgadas contra la empresa pública SADESI y la Agencia Andaluza de Innovación y Desarrollo Agrario Andaluza.
El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Sevilla contra el SAE, resultado de la denuncia planteada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA), establece la suspensión cautelar de una encomienda de gestión del SAE a la FAFFE para la explotación de datos derivados de la gestión de cursos de formación para trabajadores ocupados.
Según justifica la sentencia para dictar esa suspensión, «las funciones encomendadas a FAFFE», en esa encomienda de gestión, «venían siendo realizadas por los funcionarios adscritos a la Consejería de Empleo y más concretamente al SAE» .
El presidente y coordinador general de SAFJA, Juan Romero, valoró la sentencia positivamente y advirtió al Gobierno andaluz, «que sigue entregando trabajos de funcionarios a estas entidades», que «seguiremos acudiendo al amparo de la Justicia, en primer lugar, para evitarlo, y, en segundo, para que todo su personal acceda a la función pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad».
El fallo, además, vuelve a dar la razón a este sindicato, que ha recurrido hasta la fecha hasta seis encomiendas de gestión de diversas consejerías a empresas públicas , entre las que se cuentan una de Medio Ambiente a Egmasa, otra de Igualdad y Bienestar Social a la Fundación de Personas para la Atención e Incorporación Social (FADAIS), una tercera del SAE a FAFFE, otra de Empleo también a FAFFE y una sexta de Justicia a SADESI. Además de estos recursos, el TSJA ha fallado a favor del sindicato en un par de ocasiones. De un lado, el alto tribunal ordenó el pasado noviembre la suspensión cautelar de una encomienda de gestión de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo contra la empresa pública SADESI.
De otro, el pasado 8 de julio el TSJA suspendió también cautelarmente otra encomienda de gestión a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, adscrita a la Consejería de Economía e Innovación. En este último caso, la Junta pretendía que una agencia expropiara terrenos con su personal laboral no siendo «competencia de la agencia la posibilidad de ostentar la competencia expropiatoria».
«Huida del derecho»
Tal como señaló en una de las sentencias el alto tribunal, este tipo de contrataciones a empresas públicas son «contrarias a la Ley y suponen el reflejo de la huida del derecho administrativo que está experimentando la administración andaluza variando de contenido las atribuciones y funciones de los funcionarios públicos».
Esta práctica de vaciar de competencias las consejerías en favor del sector público empresarial no se ha quedado ahí, sino que la Junta dio un paso más, con empresas públicas vaciándose de sus competencias y subcontratando sus tareas a empresas privadas . Es el caso, tal como publicó ABC hace unos meses, de la Empresa Pública del Suelo (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas, que externalizó trabajos de su competencia a empresas privadas por valor de 12,6 millones de euros.
Estas externalizaciones, realizadas en 2007, 2009 y 2010, se centraban en tareas de apoyo a la administración y gestión de inmuebles en ocho provincias, y para tramitar expedientes de ayuda a la rehabilitación e, incluso, para atender al público. Por todos estos casos, el máximo responsable de SAFKA afirma que este sindicato «no cejará en su empeño de defender las funciones que por Ley nos corresponden a los funcionarios en exclusiva».
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