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Guardias civiles contra el Gobierno

La manifestación de guardias civiles celebrada ayer en Madrid muestra la incapacidad del Gobierno para reconducir un conflicto laboral en el seno de un cuerpo armado y militar

LA multitudinaria manifestación de guardias civiles celebrada ayer en Madrid es un doble revés para el Gobierno, que ve cómo los integrantes de una institución militar salen a la calle para pedir mejoras profesionales. Por un lado, es un varapalo jurídico, porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló la prohibición decretada por la Delegación del Gobierno en Madrid, sienta un precedente importante al reconocer a los guardias civiles el derecho de manifestación por asuntos laborales, sin que pueda legalmente ser confundido con una actividad sindical, como alegó el Ministerio de Interior. Todo un aval judicial para futuras protestas. Por otro lado, es un revés político porque los actos de protesta de ayer mostraron la incapacidad del Gobierno para reconducir un conflicto laboral en el seno de un cuerpo armado y militar, hasta ahora acostumbrado a guardar sus carencias en el más disciplinado de los silencios. El mero argumento de la autoridad sobre los guardias civiles no ha servido para frenar las movilizaciones. Es otro episodio que demuestra la falta de control del Gobierno sobre los frentes polémicos que tiene abiertos, encadenándose unos a otros hasta formar una secuencia de fallos y fracasos que, en puertas del último tramo del año, confirma la debilidad del equipo de Zapatero.

Ahora bien, sería un error que los organizadores de estas protestas embarcaran a la Guardia Civil en una dinámica de sesgo sindical, lo que resultaría totalmente impropio de su estatuto militar. Por eso ayer estaban de más los dirigentes de UGT y CC. OO., pegados a las protestas por puro oportunismo de cara a la huelga general del día 29. Que el Gobierno haya perdido este pulso con las organizaciones convocantes no las legitima para cambiar las bases del instituto armado. En este sentido, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, se pronunció responsablemente al apoyar sus reclamaciones laborales, pero defendiendo el carácter castrense de la Guardia Civil y la prohibición de que sus miembros realicen actividades sindicales.

El Gobierno tiene ante sí otra prueba de cómo han resultado sus experimentos partidistas. Ahora, para evitar que los agentes de la Benemérita salgan a la calle a protestar, apela a su condición militar y a la prohibición que pesa sobre sus miembros para crear o formar parte de sindicatos. Pero hasta hace relativamente poco tiempo, el PSOE especulaba con la fusión de la Guardia Civil y la Policía y con su desmilitarización, lo que de haberse ejecutado habría dado a sus miembros los derechos que el Ejecutivo quiso negarles para evitar unas protestas que agravan su imagen de impotencia ante los problemas que tiene planteados.

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