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El suicidio masculino se ha disparado tras la Ley de Violencia de Género, afirma el juez Serrano

La Plataforma Ciudadana por la Igualdad reclama que se realice una investigación seria, y asegura que si esos datos se dan a conocer serían un escándalo internacional

Día 12/10/2010 - 21.23h
nieves sanz
Serrano preside la Plataforma Ciudadana por la Igualdad.
Tras denunciar reiteradamente que la Ley de Violencia de Género da lugar a aplicaciones perversas, el juez Francisco Serrano, presidente de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, reclamó ayer que se realice una investigación seria sobre los efectos de la normativa en los hombres que son objeto de denuncias falsas, pues aseguró que desde que se empezó a aplicar esta ley el número de suicidios de hombres se ha disparado.
Serrano pidió «que se ponga cordura por el propio bien de las mujeres maltratadas» y mientras reconoce que éste es un problema contra el que la sociedad debe luchar con firmeza, advirtió que una aplicación literal de la Ley ha llevado a que sólo un 3% de las denuncias sobre maltrato sean verdaderas. A modo de ejemplo, Francisco Serrano aludió a «unos comentarios de la jefa de prensa de Moncloa diciendo que el presidente Rodríguez Zapatero discute mucho con su mujer por cuestiones relacionadas con sus hijas y sólo por eso se podría decir que Zapatero es un maltratador según la ley, puesto que más del 80% de los casos de denuncias por violencia de género tienen en su base discusiones por los hijos».
Broncas y no maltrato
Desde la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, el juez mantiene que hay que distinguir entre lo que son enfrentamientos verbales propios de cualquier relación humana como pueden ser los matrimonios o la vida en pareja y los casos reales de malos tratos «porque no siempre que una mujer se siente maltratada hay una situación real de maltrato, pero al hombre que es denunciado se le detiene, se le lleva al calabozo y queda estigmatizado socialmente, lo hacemos polvo, lo hemos matado para la vida civil».
El juez Serrano afirmó que se suicidan 4.000 hombres al año y, apoyándose en su experiencia, reclamó que se analicen las causas de estas muertes y su posible relación con la aplicación de la Ley de Violencia de Género: «Es necesario que se habrá una investigación seria, porque los resultados pueden ser un escándalo a nivel internacional».
Agregó que en estos momentos «puede haber más de 2.000 hombres que pueden estar planeando poner fin a sus vidas por culpa del tratamiento injusto y asimétrico que impone esta normativa».
El presidente de la Plataforma Ciudadana explicó que «la incoherencia dogmática de la ley da lugar a flagrantes situaciones de discriminación entre las propias mujeres víctimas de agresiones, pues una mujer torturada y violada por un desconocido no es considerada mujer maltratada y no tendrá derecho ni a obtener la pensión o renta activa de inserción, ni a los demás derechos y beneficios reservados a ésta». En el extremo opuesto consideró «absurdo e incoherente contabilizar como víctima de violencia machista a una anciana con alzheimer, cuando su marido, también enfermo y ambos abandonados socialmente, sólo ha querido poner fin a la miserable existencia de ambos».
Serrano agregó que además la Ley de Violencia de Género está dando lugar a casos de malversación de fondos públicos en relación a la concesión de estas ayudas, porque hay casos en los que se mantienen pese al sobreseimiento del caso denunciado, «mientras que hay casos de otras víctimas de agresiones que no tienen derecho a nada». «Estos es un auténtico negocio», agregó. «No estamos consiguiendo dar una solución real al problema del maltrato», añadió el juez, quien dijo que cada vez hay más personas concienciadas con los problemas que él denuncia a través de la Plataforma.
No obstante, indicó que aún queda mucho camino por recorrer, puesto que sus intervenciones son frecuentemente boicoteadas y se siente víctima de censura, que incluso le impide hablar «porque hay una ley del silencio como he podido comprobar en Zaragoza o en Tenerife».
Pero el juez está dispuesto a seguir explicando los problemas de la aplicación de esta ley, sin dejar de condenar los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas «porque no podemos consentir que se carguen el proyecto de vida de las familias, que es lo que quieren».

Una «mala» aplicación de la ley

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