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El Gobierno prepara ya la venta de 75 edificios de la Junta para tener liquidez

Serán comprados por las empresas públicas Agesa y Sogefinpa, que se endeudarán para afrontar la operación

GOGO LOBATO

M. J. P.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán,llevará en breve al Consejo de Gobierno un acuerdo para vender 75 inmuebles propiedad de la Administración autonómica repartidos por toda la geografía andaluza, según algunas fuentes consultadas por ABC. Sin embargo, un portavoz de la Consejería de Hacienda dijo ayer que «ni confirmamos ni desmentimos» la información. La razón de esas enajenaciones no es otra que conseguir liquidez en las maltrechas arcas andaluzas, donde ya no queda dinero ni para para repartir las notificaciones y embargos de los juzgados. Estos 75 edificios administrativos forman parte del lote de 90 edificios que la Junta anunció que vendería para obtener en 2011 unos 951 millones de euros y que sumaban 400.000 metros cuadrados construidos.

El decreto-Ley 5/2010 de reordenación del sector público andaluz permitirá a Griñán montar todo un mecanismo de ingeniería financiera para evitar la quiebra de la Administración, a juicio de algunos sindicatos de funcionarios. La Junta lo ve de otro modo al decir que se trata de nuevas formas de gestión con objeto de mejorar el rendimiento de los bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad Autónoma, es decir, el patrimonio de todos los andaluces. Ese decreto faculta a la Consejería de Hacienda a vender el patrimonio de la Junta a las empresas públicas Agesa (Empresa Pública de Gestión de Activos) y Sogefinpa (Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial).

Mientras que algunos bienes serán vendidos por Agesa y Sogefinpa a terceros por no tener utilidad para la Administración, otros seguirán siendo usados por consejerías, entes y organismos de la Junta en régimen de alquiler por un período de hasta 35 años. ¿Con qué dinero comprarán Agesa y Sogefinpa esos inmuebles? La respuesta es clara: endeudándose. En el caso de Agesa, no tendrá problemas para obtener financiación bancaria, ya que está valorada por el Gobierno andaluz en 456 millones de euros tras haber heredado parte de los activos de la Expo 92 y además tiene invertidos en deuda pública 50 millones de euros, según sus últimas cuentas publicadas.Una cuestión que aún no se ha dilucidado es la fórmula en que Agesa y Sogefinpa venderán después esos inmuebles, de forma directa o a través de subasta o concurso.

La Junta podrá vender los bienes inmuebles propiedad de los andaluces «cuando por razones debidamente justificadas resulte conveniente para el interés público y así lo autorice el Consejo de Gobierno», si bien hay una coletilla en el artículo 88.bis del decreto-ley que crea cierta intranquilidad: «Se exigirá autorización por norma con rango de Ley cuando el importe del bien sea superior a veinte millones de euros». Quiere decir ello que si la Junta decide tasa por debajo de los 20 millones de euros el bien a enajenar,la Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá vender sin que pase por el Consejo de Gobierno.

Algunas fuentes consultadas por ABC temen que numerosos bienes de la comunidad sean vendidos por debajo de su valor al ser tasados por menos de 20 millones para evitar el acuerdo del Consejo de Gobierno. De esa manera, la Junta quedarse sin sus bienes sin que el Gobierno dé cumplida información en los consejos de Gobierno. Tendría que ser la oposición parlamentaria la que reclamara expresamente la información.

Mayor eficiencia

En el caso de los 75 edificios que el Gobierno andaluz prevé sacar a la venta en breve, la Junta justifica la operación con el objeto de conseguir una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos y una mayor racionalización del gasto. Para el Gobierno andaluz, se trata de una medida contrastada, que implica una política de optimización del patrimonio inmobiliario de esta Administración.

Los primeros inmuebles que podrían salir a la venta están ubicados en todas las capitales de provincia, así como algunas ciudades de más de 50.000 habitantes, tanto de Sevilla como de Cádiz y Málaga. Muchos de esos inmuebles están siendo usados actualmente consejerías, organismos y entes de la Junta.

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