Andalucía

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Claves de la revuelta de los funcionarios

Día 13/11/2010 - 21.55h

Siete preguntas sobre la reordenación

Los funcionarios y personal laboral de la Junta están muy enfadados. Lo demostraron ayer en una multitudinaria manifestación en Sevilla que finalizó en el Parlamento andaluz. La razón de su indignación es el decreto Ley 5/2010, también conocido como decreto de reordenación del sector público andaluz y también conocido más gráficamente como decreto del «enchufismo», ya que, según los sindicatos mayoritarios en la función pública andaluza, pretende hacer fijos al personal de las empresas públicas y fundaciones de la Junta y equiparlos a funcionarios y laborales. Además, consideran que el decreto traspasa a entes instrumentales de la Junta potestades, como las expropiaciones, que sólo pueden estar en manos de los funcionarios.
Por esta razón, sindicatos como CSI-CSIF, SAFJA y USTEA, y asociaciones como Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública, han venido manifestándose contra el decreto desde septiembre, lanzando acusaciones de electoralismo hacia el PSOE y boicoteando actos del Gobierno andaluz. Además, algunos de estos sindicatos han recurrido el decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), mientras que el PP ha hecho lo propio ante el Constitucional. Los populares e IU han pedido a la Junta, sin éxito que lo retire. Entonces, ¿qué guarda este decreto para poner de acuerdo en las protestas a los funcionarios de la Junta?
1. Aprobada a finales de julio, esta norma pretende la reordenación del sector público, mediante la desaparición de 111 entidades instrumentales —la Junta suma 350, según el Ministe</MC>rio de Economía— y la modificación o transformación de otras 16, que se fusionarán en una decena de agencias públicas. En estos nuevos macroentes se integrarán 23.476 personas: 2.069 funcionarios, 1.474 personal laboral de la administración y 19.933 empleados de entidades instrumentales. No se perderá ni un puesto de trabajo con esta reordenación y los 182 cargos directivos de las entidades extinguidas se recolocarán en la Junta. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen 1. Martínez Aguayo, justifica la medida en que contribuirá a la reducción del déficit y la recuperación económica, así como para mejorar la eficacia del sistema. Sin embargo, la Junta sólo prevé un ahorro de 111 millones en tres años en un sector público que le cuesta 5.000 millones anuales. La plataforma Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública incluso eleva el coste hasta los 10.000 millones.
2. Los entes instrumentales los creó en teoría la administración para ganar en agilidad y eficacia en la gestión. Sin embargo, entidades como las agencias han demostrado en la práctica que permiten eludir los controles, regulaciones y garantías del derecho administrativo que rige a la administración pública, ya que son entidades de derecho privado. Así permiten la contratación sin la necesidad de publicidad, mérito y libre concurrencia a la que obliga el derecho público. Por ello, siempre se han asociado con el «enchufismo». Por otro lado, la contratación tampoco sigue los criterios del derecho administrativo sino del privado, por lo que hay más lugar para posibles corruptelas. Los entes instrumentales escapan, además, al control del Parlamento.
3. El próximo 1 de enero de 2011 deben estar creadas las diez agencias públicas e integrados los trabajadores. Esto supone un problema, según denunció el CSI-CSIF, ya que la propia Junta «no sabe con qué recursos humanos cuenta en sus entes instrumentales». Para conocerlo, el pasado 4 de mayo aprobó un decreto en el que se daba seis meses de plazo para integrar en la base de datos de recursos humanos de la Junta, donde sólo aparecían funcionarios y personal laboral, a los trabajadores de las empresas públicas. Según el último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, correspondiente a 2008, hay más de 25.900 trabajadores, aunque sindicatos como el CSI-CSIF elevan la cifra actual a 42.000.
4. Los empleados públicos de la administraciónconsideran que el decreto supone una discriminación para funcionarios y laborales de las consejerías, ya que los equipara y los homogeneiza dentro de la nueva agencia con los trabajadores de los entes instrumentales. La razón está clara: funcionarios y laborales de la administración han tenido que pasar oposiciones o concursos de méritos para acceder a sus puestos de trabajo, mientras que los trabajadores de las empresas públicas no han tenido que pasar por estos procesos de selección, al regirse estos entes por el derecho privado.</MC> Ante las negativas de la Junta a derogar el decreto, los sindicatos iniciaron una campaña de movilizaciones, con manifestaciones y boicots de actos de miembros del Gobierno andaluz, incluido el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, abucheado en Jerez, Jaén y Córdoba. La Junta, sin embargo, no ha dado marcha atrás, achacando las protestas de los funcionarios a que están mal informados o manipulados por el PP. A lo más que ha llegado es a cesar al ideólogo de la reforma, el secretario general para la administración pública, José Antonio Ortiz, pero desvinculándolo de las protestas.
5. Paralelamente a estas movilizaciones y al anuncio de un paro de la función pública antes de Navidad, sindicatos mayoritarios, como CSI-CSIF y SAFJA, presentaron recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Además, el primero de estos sindicatos le pidió al PP que presentara un recurso al Tribunal Constitucional, tras la negativa del Defensor del Pueblo Andaluz a hacerlo, lo que los populares hicieron el pasado 27 de octubre. Los fundamentos legales de este recurso ilustran perfectamente las implicaciones últimas que el decreto pretende introducir en la administración autonómica y que van en contra de lo dictado por la Constitución Española, según mantienen sindicatos y PP.
6. Tanto los sindicatos mencionados como el PP señalan una segunda motivación del decreto más allá del «blindaje» de la administración paralela. Aquella responde a la pretensión de la Junta de encomendar potestades públicas, que son competencia de los funcionarios y se rigen por el derecho público, a entes instrumentales que, como las agencias, se basan en el derecho privado, incluidos los procesos de selección de personal. Esas competencias que realizan los funcionarios incluyen, entre otras, las sancionadoras y de expropiación, que por ley no pueden ser externalizadas a entes instrumentales. La prueba de esto último son los recursos contencioso-administrativos ganados por los sindicatos contra las encomiendas de gestión a entes instrumentales de tareas que deben hacer los funcionarios, como las impugnadas a la Consejería de Presidencia con Sadesi o la de Medio Ambiente con Egmasa.
7. El nuevo modelo salido del decreto permitirá, en cambio, a la Junta seguir realizando estas encomiendas de gestión a sus entes penalizadas por los tribunales y, de paso, seguir ampliando su volumen. Para ello es necesaria la integración de los funcionarios en estos entes, aunque poniéndolos al servicio de estos últimos, ya que estarán bajo el mandato de sus altos cargos, que serán elegidos, como hasta ahora en las empresas públicas, por decisiones políticas y no por concurso de méritos. El recurso de inconstitucionalidad del PP señala que esos altos cargos pueden ser elegidos «a dedo», lo que convertiría a los funcionarios en meros firmadores de expedientes en aquellas tareas que por ley no puedan hacer esas agencias ni su personal, al regirse por derecho privado. De hecho, sin los funcionarios, el modelo no puede ponerse en marcha, por lo que los colectivos y partidos contrarios al decreto afirman que la integración, al contrario de lo que afirma la Junta, no será voluntaria, ya que o pasan a las agencias —con el riesgo añadido de que su puesto anterior en la administración desaparezca— o a permanecer en su actual ocupación en condiciones laborales hostiles.
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