Andalucía

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El rastro del enchufismo

La ofensiva de los funcionarios contra el Gobierno de Griñán no es una campaña orquestada, sino un «basta ya» ante el «enchufismo» en la Administración andaluza, denunciada reiteradamente por la Cámara de Cuentas

Día 09/12/2010 - 07.26h
Este levantamiento de la, hasta ahora, domesticada y silente clase funcionarial no obedece a consignas partidistas (que en cualquier caso serían perfectamente legitimas) ni a reivindicaciones salariales en tiempos de extrema necesidad presupuestaria. Así se han empeñado en verlo los agentes socialistas que, desde diferentes portavocías del gobierno de Griñán, han querido manchar y desprestigiar el arranque y movimiento absolutamente espontáneo de la insurrección del funcionario.
El bando de los trabajadores de la función pública está integrado por una heterogénea diversidad de elementos: desde sindicalistas de UGT y CC.OO. avergonzados y desmarcados del papel orgánico que han jugados estos sindicatos, hasta funcionarios que en su vida habían militado en movimiento alguno, sin olvidar la gran masa de trabajadores descontentos por el «decreto del enchufismo». Este espíritu de rebeldía contra la clase política dominante se ha organizado, sin sombras en la recámara, con la agilidad y la urgencia que deviene de las convocatorias por internet, sorprendiendo a un poder cada vez más desgastado por su falta de reflejos y propuestas creíbles.
El poder ha querido identificarlo con los malos de la películas, los flojos y los afortunados del sistema por tener trabajo fijo en medio de un panorama de precariedad y paro. Pero ya veremos, con los datos objetivos de la Cámara de Cuentas, como no son los malos de la película. Sino los paganos de los deshonestos manejos del poder y los primeros en denunciar a una Administración inflada por trabajadores públicos que entraron en la misma ajenos a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Para comprobar este punto basta con acudir a la fiscalización realizada en los últimos años por la Cámara de Cuentas de Andalucía de algunas empresas y entes públicos dependientes de esa oscurantista «administración paralela» que ahora se pretende integrar en el cuerpo funcionarial. La Cámara de Cuentas, como se sabe, es la lupa fiscalizadora y controladora que tenemos los ciudadanos para conocer si esas empresas sostenidas con el dinero de todos están limpias o, en cambio, tienen irregularidades laborales y administrativas que corregir. Estos son sus diagnósticos, en los que se recoge con nitidez el rastro del «enchufismo» en la «administración paralela» de la Junta.
Fundación Legado Andalusí
Confirma la citada Cámara de Cuentas que esta «entidad no respeta sus propias normas en el 50% de los contratos de mayor importe adjudicados en 2007, utilizando en todos estos casos procedimientos que merman la publicidad y concurrencia de oferta». Más adelante nos sorprende la Cámara diciendo: «Se han detectado dos pagos de facturas a proveedores no respaldados por documentos contractuales a pesar de superarse los límites establecidos, así como pagos que exceden el importe de adjudicación sin constatarse modificación al contrato».
Canal Sur
Con fecha de 2009, la Cámara de Cuentas, repasaba la situación de los muchos colaboradores contratados por Canal Sur Radio, concluyendo que de esos muchos colaboradores, continuados en el tiempo, «tan solo cuatro cuentan con contrato formalizado, vulnerando lo establecido en el artículo 28.1 de la LCSP». Más adelante la Cámara señala que de esos cuatro contratos «ninguno cumple además con las disposiciones establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas». Para colmo, a Canal Sur Radio, que justifica el carácter artístico de estos contratos para no someterlos a los preceptos de la LCSP, le descubre la Cámara que «en ningún caso adjudica estos contratos aplicando los principios de publicidad, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación a los que está obligado en virtud de la Ley».
Sandetel, Sadesi y Citandalucía
Las conclusiones fiscalizadoras de la Cámara con estas tres empresas públicas rayan, ciertamente, en el escándalo. El control es de 2007 y puede leerse: «En los expedientes analizados correspondientes al personal de Sandetel y Citandalucía, no constaba la documentación correspondiente a la fase de selección, por lo que no ha sido posible comprobar que el acceso al puesto de trabajo en la empresa pública se ha realizado según los principios de igualdad, mérito y capacidad». La Cámara detecta, igualmente, que seis de los treinta y seis empleados de Citandalucía prestan sus servicios de forma permanente en y para la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Además subraya el interés explícito de la citada consejería por la contratación expresa de un tercero, al margen del procedimiento empleado para su contratación.
Empresa Pública de Turismo Andaluz, S.A.
Resalta la Cámara con carácter general que «los expedientes de personal no ofrecen información sobre experiencia profesional, titulación, cursos de formación, estudios complementarios, etc Los méritos que se exponen en los currículo no están suficientemente acreditados». De forma reiterada la Cámara continúa encontrando «contratos realizados sin atender a los principios de publicidad y concurrencia, sin que se argumente la falta de dichas exigencias». Más adelante confirma que «se ha comprobado la realización de pagos por encima del valor contratado, sin que haya documento alguno que conforme dichos pagos, aún cuando el contrato hablaba de precios cerrados, ascendiendo la diferencia a 5.502.20 euros». Igualmente se resalta una adjudicación a la Sociedad Española de Radiodifusión, S.A. por importe de 70.586 euros para la realización de una campaña publicitaria. Según la Cámara de Cuentas, dicha campaña «no reúne los requisitos para eludir la publicidad y la concurrencia». Este análisis de la Cámara es de 2006.
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera
En 2007 la Cámara de Cuenta, tras auditar a este Instituto, detecta la contratación irregular de trece personas que no se ajustan al perfil de la normativa de la contratación vigente. Efectivamente, la Cámara encuentra que esos trece trabajadores (técnicos jardineros, auxiliares de laboratorio, peones, operador de ordenadores, especialista en cultivos marinos) no encajan en la facultad que tiene el instituto para contratar «personal investigador o personal científico o técnico». También pone de manifiesto esta auditoría que a lo largo de 2007 se contrataron 310 trabajadores eventuales, al margen de los que ya operaban en la plantilla del centro como personal adscrito al Régimen Especial Agrario desarrollando tareas previstas en los propios convenios: peón, oficial de campo, capataz… Queda dicho que este personal es eventual. Pero la Cámara destaca que este personal eventual adquiere la condición de personal con carácter indefinido a través de recursos interpuestos ante los tribunales de Justicia, lo que supone hacer frente a unos costes laborales superiores a los previstos, además de tener que pagar cantidades en concepto de diferencias salariales por los trabajos ya realizados. Sobre este último aspecto, ABC se puso en contacto con fuertes cercanas a la Cámara de Cuentas que, acerca de este asunto, aseguraron que «en los últimos años, se han venido dictando sentencias por las que se les reconoce a determinados trabajadores que, anteriormente estuvieron encuadrados dentro del Régimen Especial Agrario, tanto su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social como la aplicabilidad del Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta, por lo que la relación que vincula a estos trabajadores con el IFAPA pasa a considerarse de carácter indefinida».
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos
En 2007 se data la fiscalización de este ente por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía. La auditoria realizada comunica que los estatutos del ISE establecen que la selección de su personal se haga de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y se le permite al citado ente incorporar a la empresa personal al servicio de las distintas administraciones públicas o de sus entidades instrumentales. Sin embargo, no tiene aprobado un procedimiento de selección para dar cumplimiento adecuado a los anteriores principios. En el ejercicio auditado destaca la incorporación de tres trabajadores (sin convocatoria pública) que procedían del sector público y a los que se le realizó un contrato laboral indefinido, sin haber acreditado antes una relación funcionarial o laboral indefinida en una empresa pública o en la Administración.
La misma auditoria destaca el análisis de expedientes menores relacionados con la contratación de diversas actividades extraescolares. En Jaén, por ejemplo, el expediente incluye «108 contratos suscritos con el mismo adjudicatario, correspondiente a las actividades extraescolares que se contratan por 20 centros docentes distintos».
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