REORDENACIÓN SECTOR PÚBLICO

El PSOE certifica en el Parlamento su soledad en el apoyo al «funcionariazo»

El PP lo rechaza en comisión. IU se abstiene y decidirá su postura final en el Pleno del día 16

ABC

josé cejudo

09/02/2011
Actualizado a las 07:17h.

El Grupo Socialista firmó ayer en el Parlamento el certificado de soledad en la defensa de la reordenación del sector público , el denominado «decreto del enchufismo» o «funcionariazo». Durante la sesión de trabajo de la comisión encargada de la tramitación del texto, el PSOE fue el único que votó a favor del dictamen que recoge las enmiendas de las formaciones políticas al proyecto de Ley; el PP rechazó el contenido del documento, e IU, aunque mostró su disconformidad con los planteamientos generales, optó por abstenerse en esta fase de un proceso que concluirá el día 16 con el debate y aprobación de la Ley en el Pleno de la Cámara autonómica.

El dictamen que se aprobó ayer en la Comisión de Hacienda y Administración Pública, presidida por el parlamentario popular José Antonio Nieto, incorpora 32 enmiendas del Grupo Socialista , 13 de las 85 presentadas por Izquierda Unida y excluye la totalidad de las 42 que defendió sin éxito en PP.

El debate lo abrió el único representante de IU en la comisión, Pedro Vaquero, quien señaló que la coalición afrontó el trabajo de la elaboración de enmienda con la intención de corregir «un grave error» de origen, como fue impulsar desde la Junta la reordenación a través de un decreto, si bien posteriormente se rectificó y el Ejecutivo andaluz optó por el formato del proyecto de ley, todavía en tramitación.

Jorge Ramos dijo que el PP defiende el mantenimiento de los derechos

Vaquero destacó la posición «independiente» de su grupo y el que sus propuestas tuvieran como único punto de referencia el programa electoral de IU , contrario a una externalización de servicios en la Administración con grandes dosis de sospecha de «clientelismo y amiguismo».

El parlamentario de Izquierda Unida calificó su trabajo de responsable y constructivo y justificó su postura contraria a la derogación de la norma, aunque a favor de la modificación, al tiempo que rechazó igualmente recurrirla ante los tribunales . Según Vaquero, la sentencia, en caso de ser contraria a la Junta, se conocería dentro de varios años y cotribuiría a minar el crédito de las instituciones.

Explicó que IU ha planteado en este caso una doble estrategia. En primer lugar, un modelo alternativo al ideado por la Junta, sustentado en una agencia única, que no prosperó, y en segundo lugar un listado de enmiendas basadas en cuestiones tales como evitar la externalización de trabajos cuando las agencias dispongan de medios, evitar, dijo gráficamente, «chiringuitos» en las agencias, la aprobación de su estatutos por ley, etcétera.

Jorge Ramos, en nombre del Grupo Popular, señaló que la intención de su formación en este debate ha sido «devolver las cosas a su justo término, restituyendo el principio de legalidad que este proyecto de ley infringe de forma clara. Y lo hemos hecho —dijo— de una forma abierta, pero nunca desde la sumisión, el ordeno y esto es lo que hay, como pretende el PSOE». La posición del PP es contraria al objetivo último de «culminar al cien por cien la Administración paralela, privatizando y externalizando a través de una OPA hostil a una Administración que ha ido desmembrándose hasta quedar fuera de todo tipo de control y fiscalización que debería ser por la vía parlamentaria y presupuestaria».

Varapalos judiciales

Aseguró también Ramos que esa Administración paralela ha sido objeto de numerosos varapalos en los tribunales por las encomiendas de gestión y encargos de ejecución que han sido rechazados por los jueces y censurados por el Defensor del Pueblo. Ramos manifestó asimismo con vehemencia que el PP defiende el mantenimiento de los derechos adquiridos de todos los empleados públicos, sin distinción, y sus puestos de trabajo. «A lo que nos negamos —proclamó— es a los privilegios».

Antes de la votación, cerró el debate el diputado socialista José Caballos, quien en nombre de su grupo descalificó la exposición del portavoz popular y elogió sin embargo el trabajo realizado por IU «con rigor, seriedad y buena fe». Caballos apuntó que la reordenación del sector público andaluz tiene su origen en un acuerdo adoptado por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el objetivo de mejorar la eficiencia de la Administración y reducir gastos. No se trata, comentó, de «pérfidas intenciones de un supuesto Gobierno maléfico que de buenas a primeras decide fastidiar no se sabe bien por qué o para qué a los funcionarios de carrera, que para los socialistas han sido y van a seguir siendo la columna vertebral de la función pública andaluza».

Caballos reiteró hasta la saciedad que en ningún artículo del decreto o enmienda del PSOE existe el más mínimo rastro de pérdida de derechos de los trabajadores y de sus empleos. Y resumió: «Nadie ganará lo que no tenía y nadie perderá lo que tenía».