Cárnicas Molina, el origen del fraude

La empresa Hijos de Andrés Molina contó en su edad dorada con 1.100 trabajadores. Cuando la Junta asumió su control en 1995 tenía todavía medio millar de empleados. Y hoy, 16 años después, la fábrica que llegó a acaparar hasta el 6% del mercado cárnico en España no es más que un conglomerado de edificaciones ruinosas. De la plantilla original apenas queda un centenar y medio de obreros sin actividad, la mitad de los cuales aguarda su recolocación en la nueva planta que Dhul construye en Jaén.

El actual secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, era consejero de Industria de la Junta en la época en la que el Instituto de Fomento de Andalucía adquirió la empresa tras mantener un largo y duro pulso con la familia Molina, que tuvo también en contra a los sindicatos de clase. Precisamente, en la batalla sindical adquirió protagonismo Juan Lanzas, por entonces miembro de la ejecutiva de la federación de alimentación de la UGT de Jaén.

Lanzas tomó parte en el ERE de Molina en 1999, producido tras la compra de la empresa por Campofrío. Este sería el primer ERE en el coincide con Francisco Javier Gutiérrez, entonces director general de Trabajo y otro de los personajes clave en la trama de jubilaciones fraudulentas de la Junta. Es decir, que el expediente de regulación de empleo sirvió como modelo por la incipiente presencia de intermediarios o «conseguidores», que, a cambio de una comisión, lograban la mayor financiación posible del expediente por parte de la administración.

El ERE se produjo tras la decisión de la Junta de vender la empresa al mejor postor: Campofrío. El muñidor de la operación fue Zarrías, ya consejero de la Presidencia, quien participaba en todas las gestiones donde se decidiera el futuro de Jaén.

Aparentemente, la Junta abrochó con Campofrío el mantenimiento de la actividad industrial y de la mayor parte del empleo, pero el grupo castellano no estaba por la labor, de modo que, antes de firmar, el propio Zarrías aseguró que si se producía una reducción de plantilla se llevaría a cabo de acuerdo con los trabajadores y sin procedimientos traumáticos.

Así fue. Campofrío se comprometió a realizar una inversión de 4.000 millones de pesetas y a contratar a 300 de los 475 trabajadores. El resto dejó la empresa con bajas incentivadas o se prejubiló. El acuerdo contempló esta segunda opción para un máximo de 53 trabajadores, algunos con 50 años, una edad insólita entonces para las prejubilaciones.