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El Ayuntamiento, denunciado por dar 378 licencias de ocupación de un barrio sin acabar

El ex alcalde (PSOE), ya condenado por delitos urbanísticos, firmó la recepción de una urbanización pese a la extensa sucesión de informes técnicos y jurídicos en contra

Día 13/02/2011 - 21.08h

El Ayuntamiento de Burguillos, controlado por el PSOE, acumula una demanda tras otra por irregularidades urbanísticas. En estos últimos días ha vuelto a ser denunciado por presuntos delitos sobre la ordenación del territorio, prevaricación y malversación de caudales públicos a causa de la concesión de licencias de ocupación de nada menos que 378 viviendas en contra de los informes jurídicos y técnicos, además de la recepción de la urbanización pese a que las obras no estaban finalizadas. Así queda reflejado en un contundente escrito, al que ha tenido acceso ABC, presentado contra el Consistorio en el Juzgado de Guardia el pasado jueves por una vecina afectada por las pésimas condiciones de su nueva vivienda, que ha recibido el asesoramiento del PP local. Es que el asunto es de una tremenda gravedad, ya que del relato de los hechos y de la abundante documentación, revisada por este periódico, se desprende una actitud municipal absolutamente esquiva con los informes legales aportados por los principales funcionarios, que incidieron una y otra vez en informar desfavorablemente del otorgamiento de las licencias de ocupación. Pese a ello, el que fuera alcalde, el socialista José Juan López, dio luz verde a las licencias. La presumible investigación judicial concluirá por qué o a cambio de qué. López tuvo que dimitir en mayo de 2009 días antes de ser condenado por otro delito urbanístico.

Esta nueva denuncia, interpuesta por L.B.G. detalla que el 12 de mayo de 2004 se aprobó definitivamente el plan parcial donde se encuentran las casas en cuestión (PP-NO-R2) y 45 días más tarde el entonces alcalde concedió la licencia de urbanización sin que ni tan siquiera estuviera aprobado el proyecto de reparcelación ni el de urbanización. El proyecto de reparcelación se aprobó definitivamente el 11 de marzo de 2005, casi un año después de haberse otorgado la licencia de obra; y el de Urbanización, por resolución de Alcaldía, el 4 de septiembre de 2008, cuatro años después de la concesión de licencia de obra. El 29 de agosto de 2008 la técnico municipal de Urbanismo emitió un informe jurídico sobre la recepción de las obras de urbanización del sector y reflejó en él que la licencia de obra de urbanización otorgada junio de 2004 por el ex alcalde es «nula de pleno derecho por haber sido otorgada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

Nada hecho

El 10 de julio de 2007 el ex alcalde dictó hasta ocho resoluciones para conceder licencias de ocupación para un total de 157 viviendas de ese plan parcial, concedidas pese a los ocho informes técnicos desfavorables emitidos el 9 de julio de 2007 por el arquitecto técnico municipal, que manifiesta en sus escritos que no procede el otorgamiento al no tener la urbanización los enganches de las compañías del suministro eléctrico, no estar terminada la obra del soterramiento de un arroyo, no estar iniciada la ejecución de la rotonda de acceso al sector y porque se deberá acondicionar un acceso en condiciones para la promoción sin que se vea afectada por las obras existentes en la urbanización. En este sentido, el secretario hizo constar que las licencias se han concedido sin el preceptivo informe jurídico, algo a lo que el regidor respondió con un escrito de «toma de razón» incluido en la denuncia; o sea, que López era plenamente consciente de la ilegalidad.

Pero el proceso se mantuvo y en agosto de ese 2007 el alcalde concedió licencias de primera ocupación para 30 viviendas unifamiliares, algo que repitió un mes después para otras 30 casas pese a los informes técnicos y jurídicos desfavorables. A finales de ese mes hizo lo propio con otras 32 viviendas y 10 áticos, y en octubre con otras 36 edificaciones, que el Ayuntamiento permitió ocupar sin estar acabadas a tenor de lo dictado por los principales funcionarios. Para mantener la cadencia, López varió algo: así, en enero de 2008, se otorgó licencia de ocupación para otras 16 viviendas, pero esta vez se hizo mediante resolución del concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, y con un informe técnico que rubricó un nuevo arquitecto municipal, incorporado «a dedo» por el Gobierno local, con un criterio totalmente distinto al que venía esgrimiendo el habitual en su puesto. No vio el nuevo arquitecto inconveniente alguno en que no estuviesen finalizadas las obras de urbanización o que no se hubiera iniciado el soterramiento del arroyo o que no hubiera enganche eléctrico o que las preceptivas zonas verdes no se hubiesen ejecutado. El informe jurídico fue emitido en esa ocasión por una técnico de administración y no por el secretario municipal, como se venía haciendo. El nuevo arquitecto repitió informes favorables pese a que la técnico de administración denegó las licencias al no resolverse los eternos problemas de la no finalización de las obras. De hecho, hasta la compañía suministradora de electricidad informa en otoño de 2008 de que la urbanización «no dispone de las infraestructuras necesarias para atender el suministro».

Por otro lado, en los convenios (2004, 2005...) firmados entre el alcalde y las promotoras también se ignoran los preceptivos informes jurídicos y técnicos y sin constar que la valoración de los aprovechamientos que se vendían mediante ese convenio fuera realizada por técnico municipal alguno. Entre esos convenios —y de ahí se deduce el delito de malversación— en junio de 2008 el ex alcalde, ya condenado e inhabilitado por otro asunto, y el representante de Promociones Dovamar firmaron una adenda al convenio inicial en la que se acuerda que la compañía abona en ese acto al Ayuntamiento burguillero las cuantías correspondientes a las obras exteriores del plan parcial, 80.447 euros en total, siendo por tanto obligación del Consistorio la ejecución de las mismas (rotonda de acceso a la urbanización, saneamiento, abastecimiento de agua y convenio con Endesa), asumiendo Dovamar el entubamiento del arroyo pendiente. A día de hoy, dichas obras no se han realizado. ¿En qué se ha gastado el dinero el Ayuntamiento? ¿Dónde ha ido a parar? En abril de 2009, el ex alcalde acuerda la liquidación de ese convenio urbanístico y en las estipulaciones se recogen las obras aún pendientes y su presupuesto, apareciendo, incomprensiblemente, más trabajos por concluir que los acordados cuatro años antes. En mayo de 2009, días antes de su dimisión, López firmó el acta de recepción definitiva de las obras de urbanización del sector pese a que éstas no estaban concluidas. Días antes, el ex arquitecto municipal emitió un informe favorable, aunque la técnico municipal elaboró otro donde indicó que no procedía la recepción «puesto que falta su elemento esencial, su completa finalización conforme a las prescripciones contenidas en los proyectos técnicos aprobados».

Deficiencias constructivas

Con el avance de los meses han empezado a sumarse informes destacando las deficiencias constructivas. Ahora, cuatro años después de la concesión de las primeras licencias, el estado de la urbanización es calamitoso, carece de zonas verdes, de rotonda de acceso y no se ha encauzado el arroyo. Se desconoce el destino del dinero que el Ayuntamiento recibió de la promotora y la carencia del suministro es paliada desde el Consistorio con «luz de obra», insuficientes, o grupos electrógenos cuyo gasoil tiene que ser costeado por las deprimidas arcas municipales (actualmente, nada menos que 1.000 euros diarios). Al final, algún vecino, como el que interpone esta denuncia, ha decidido que el Ayuntamiento socialista responda en los Tribunales.

Inhabilitado y con causas abiertas

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