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Al menos tres consejerías recibieron informes de Intervención de los ERE

El entonces titular de Innovación Francisco Vallejo también conocía desde 2005 el descontrol sobre los fondos

Al menos tres consejerías recibieron informes de Intervención de los ERE

a.r. vega/m. contreras

Que el procedimiento utilizado para tramitar las ayudas destinadas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas en crisis no respetaba los cauces legales fijados para este tipo de subvenciones no era ningún secreto en la Junta. Al menos hasta tres consejerías conocían al máximo nivel, por medio de los informes de fiscalización de gastos emitidos por la Intervención General que la gestión de estos fondos públicos, canalizados a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no era el adecuado. Además de las consejerías de Hacienda —entonces bajo el mando de José Antonio Griñán — y de Empleo —con Antonio Fernández, imputado en el proceso judicial por los falsos ERE—, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa estaba al corriente de que las deficiencias en la forma de administrar el dinero.

No en vano, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) —que pasó a asumir las competencias del IFA— dependía de este departamento. Siendo consejero de Innovación Francisco Vallejo, que ocupó el cargo entre 2004 y abril de 2009, llegó a sus manos un informe del entonces interventor general, Manuel Gómez Martínez, que analizaba en profundidad al cierre del ejercicio de 2002 las cuentas de IDEA, el organismo instrumental que se encargaba de incentivar los ERE. ABC reproduce en esta página la copia que demuestra el envío del citado informe a la atención del «Excmo Sr. consejero de Innovación, Ciencia y Empresa» .

El documento está registrado con fecha del 22 de julio de 2005 , con años de retardo con respecto al periodo analizado por el interventor, correspondiente a la liquidación del ejercicio de 2002. Pocos meses antes, otro informe del órgano fiscalizador de la Junta se remitió a las consejerías de Empleo y de Hacienda. Fue rebatido con alegaciones por el primero. Por su parte, la entonces viceconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dijo que nunca le hizo llegar el informe a su superior, que era Griñán.

La Intervención cuestionó en 2005, 2006 y 2007 el sistema de tramitación de las ayudas como transferencias a la financiación de explotación en vez de hacerlo como subvenciones excepcionales, que era un procedimiento más largo pero con más garantías jurídicas de que los fondos llegasen al destino correcto. Pero la Intervención fue más allá de la forma y apuntó otras deficiencias de fondo, como descuadres entre las ayudas aprobadas para ERE y el dinero que luego se imputaba al presupuesto.

El origen de la «trama»

Esta falta de control fue luego el caldo de cultivo propicio para un fraude que, según la Consejería de Empleo, habría escamoteado unos 9 millones de euros a las arcas públicas, dinero que se habrían repartido los 72 «intrusos» aparecidos en los ERE , personas que se beneficiaron de prejubilaciones subvencionadas por la Junta en empresas donde nunca trabajaron. La investigación interna realizada por la Consejería de Empleo a instancias del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, que abrió pesquisas por el caso de los ERE fraudulentos, reveló además 111 irregularidades, es decir, personas cuya vinculación laboral con la firma era dudosa.

Entre 2001 y 2010, la Junta manejó más de 647 millones para ayudas a planes de ajuste laboral en empresas en crisis. De esos más de 107.000 millones de las viejas pesetas se nutrirían el célebre «fondo de reptiles» para pagar prejubilaciones y despidos en empresas que destapó el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, en su declaración ante la Policía Judicial por el caso Mercasevilla.

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