Chamizo señala al Ayuntamiento en la «estafa» de los aparcamientos

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, asevera que el Ayuntamiento no tuvo «una mínima cautela» en la redacción del pliego de condiciones del Plan de Aparcamientos para Residentes realizado por la Delegación de Movilidad durante la gestión del socialista Fran Fernández. Además, Chamizo entiende que el Ayuntamiento es responsable de la injerencia de la empresa adjudicataria, Equipark, con respecto a los vecinos a los que cobró mil euros en concepto de reserva de plaza de aparcamiento y no se los ha devuelto pese a que los parkings no se han construido.

D Esta es la postura del Defensor del Pueblo ante la carta que le envió el pasado 31 de mayo, ya con Juan Ignacio Zoido como alcalde electo, el director general de Movilidad, Rubén García Lancharro, cargo de confianza de Fran Fernández, para desentenderse del problema. Esta respuesta del Ayuntamiento se produjo después de que ABC publicara que Chamizo había iniciado un expediente «de oficio» contra el Gobierno municipal por incumplir el Plan de Aparcamientos y dejar en una situación de completa indefensión a los afectados. En aquel expediente se aclaraba que el Ayuntamiento adjudicó por concurso en 2007 la ejecución de 13 aparcamientos para residentes a la empresa Equipark, que a su vez derivó la construcción de los mismos a la firma Azagra. Pero en octubre de 2008 esta compañía entró en concurso de acreedores y se paralizaron casi todos los parkings, previstos en zonas como el Zodíaco, El Valle o Bami. Los vecinos habían abonado tras la adjudicación mil euros cada uno como señal

para la reserva de sus plazas de garaje. Y a fecha de hoy sus aparcamientos siguen sin construirse y nada se ha vuelto a saber de sus mil euros. Sin embargo, la respuesta del anterior Gobierno al Defensor, a la que ha tenido acceso ABC, indica que «la sociedad Equipark ha asumido la obligación de proceder a la devolución de las cantidades en los aparcamientos cuya construcción no se vaya a a realizar y también a aquellos ciudadanos que conforme a los precontratos suscritos en su día tengan derecho a ello en los aparcamientos que se vayan a construir». Sin embargo, el director de Movilidad se lava las manos porque «el Ayuntamiento carece de capacidad legar para compeler al concesionario a que proceda a la devolución de las citadas cantidades» en tanto que, concluye la carta, «se trata de una cuestión correspondiente al tráfico mercantil que vincula a una empresa con sus clientes».

D Esta última afirmación es la que ha provocado la oposición más rotunda del Defensor del Pueblo, que en su respuesta al Ayuntamiento sostiene que «resulta cuando menos preocupante» que Movilidad «considere que la exigencia de depositar mil euros en concepto de reserva de plaza y su posible devolución, al no estar prevista en el pliego de condiciones y contrato aprobados por el Ayuntamiento, queda al margen de cualquier responsabilidad por parte de éste». Y Chamizo se explica: «Lo lógico es que, o bien se hubiera previsto esa posibilidad y su regulación en el pliego (...) o, al no estar incluida tal previsión, el Ayuntamiento debiera haber asumido sus competencias de supervisión e inspección sobre el concesionario, impidiendo el que por su propia cuenta pudiera imponer una obligación de esta naturaleza a los interesados». Dicho de un modo más claro: lo que Chamizo pone en duda no es cómo se gestionó el pago de esos mil euros a la empresa Equipark, «sino la legalidad» de ese pago

«habida cuenta de que no estaba previsto en el pliego de condiciones».

D Para el Defensor, la postura del socialista Fran Fernández en todo este asunto ha generado «una gran inseguridad jurídica para estos ciudadanos, ya que, a día de hoy, la ejecución de estos aparcamientos es una incógnita» y «tampoco se les ha devuelto el dinero a quienes ya lo han solicitado y el plazo previsto para el inicio de la ejecución de las obras ha pasado ya ampliamente». Por todo ello, «con este escenario y ante la posición que mantiene esa Dirección General (de Movilidad), que nosotros no compartimos, la única vía para los afectados es acudir a la jurisdicción correspondiente», agrega el Defensor del Pueblo, quien culmina que «no sabemos en concepto de qué criterio, pese a haber incumplido clamorosamente todos los plazos anunciados para el comienzo de las obras, el contratista se puede permitir después de establecer una obligación no prevista en el Pliego y Contrato, no devolver la cantidad entregada por los interesados en concepto de tal reserva y que tal actitud sea

ajena e indiferente a la responsabilidad de tutela de ese Ayuntamiento en una concesión administrativa en la que esa entidad figura como concedente».