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El empleo en la Diputación crece desde 1993 sin oposiciones libres

Se contrata desde entonces «a dedo y de forma ilegal», según el PP. Ahora hay casi 2.000 empleados en nómina

El empleo en la Diputación crece desde 1993 sin oposiciones libres RAÚL DOBLADO

NURIA PÉREZ

La Diputación de Sevilla lleva casi 20 años sin ofertar plazas de empleo público, según denunció ayer la diputada del PP , Virginia Pérez, que advirtió del «oscurantismo» del organismo provincial en las fórmulas de acceso y contratación de personal. Pérez señaló así que la última convocatoria para puestos de funcionarios publicada por la Diputación se remonta a 1993, cinco años más tarde en el caso del personal laboral.

Según explicó, la Corporación cuenta con 1.900 empleados entre funcionarios y personal laboral, de los que 300 se encuentran vacantes, o lo que es lo mismo, presupuestados pero no cubiertos. Completan la plantilla otros 462 trabajadores más procedentes del Opaef (218), Sevilla Activa (32), Inpro (76), Casa de la Provincia (8) y Prodetur 128, según los datos del último ejercicio presupuestario. « Hace 18 años que no existe ningún tipo de oferta de empleo público , pero sí se van cubriendo esas plazas sin ningún tipo de criterio que aporten sentido común», subrayó Pérez que recordó que ya hubo una sentencia en 1998 que anuló parte de la última convocatoria por «no ajustarse las bases a derecho».

Contratos «fraudulentos»

Al hilo, la diputada popular volvió a denunciar como hiciera recientemente el portavoz del PP en el Organismo Provincial, Eloy Carmona, los «fraudulentos» contratos laborales «de alta dirección» de los alcaldes socialistas de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez como vicepresidente del Opaef; Constantina, Mario Martínez, como vicepresidente de la Sociedad Sevilla Activa, y la regidora de Osuna, Rosario Andújar, como coordinadora del área de Formación Continua de la Administración provincial. «Tienen una dedicación de 37,5 horas semanales y un sueldo importante, pero cuando nos vamos al estatuto básico del empleado público, estos contratos no se pueden hacer», apuntó Pérez que añadió que no solo afecta a los vicepresidentes ejecutivos sino que también «a los gerentes» de las empresas públicas y organismos autónomos.

Pérez criticó en este sentido que pese a que la ley dispone que en las contrataciones debe darse, además de procesos de publicidad y concurrencia, un «ajuste» a los principios de mérito, capacidad y criterios de idoneidad, «al final, terminan adjudicados a dedo a señores políticos del partido socialista». Cree que la Diputación Provincial supone «todo un coladero o colocadero» de dirigentes del PSOE con casos «tan significativos» como el gobierno de la Mancomunidad de la Sierra Norte aprobado recientemente y donde «están colocados alcaldes y concejales». Ante la «falta de claridad» en la política de contratación, el PP decidió ayer solicitar por registro un informe sobre la plantilla en nómina de la Diputación y entidades dependientes, después de que «nos lo hayan negado en varias ocasiones». «Sólo —agregó— nos encontramos opacidad porque no se traslada información ni a los sindicatos ni a la oposición lo que impide el derecho fundamental de que hagamos una labor de fiscalización».

Pérez, que avanzó que su grupo llevará una propuesta a pleno para exigir «más transparencia» en la política de personal, precisó que ya existen «condenas» que revelan la falta de información por parte de la Diputación por lo que anunció que si no se facilita al PP el informe de vida laboral antes de septiembre, acudirán «a otros mecanismos».

«No entendemos cómo una institución como la Diputación no tiene una relación de puestos de trabajo cuando municipios como Cantillana con 10.000 habitantes, sí la tienen», sentenció.

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