El debate sobre la política de personal del equipo de gobierno y las circunstancias que han rodeado los dos primeros despidos del mandato se convirtieron en el asunto más controvertido del Pleno del martes, que contó con la presencia de una treintena de trabajadores municipales en el patio de butacas, que en distintos momentos mostraron con aplausos o abucheos su parecer sobre los temas debatidos. El concejal del PP Julián Ranchal criticó duramente la forma en que han sido despedidas dos trabajadoras municipales y acusó a Carlos Villa y Miguel Villa —responsables de Urbanismo y Servicios Sociales— de intentar engañarlas con un finiquito muy por debajo de la cantidad a la que tenían derecho y de utilizar una fórmula de despido que después hubo de ser rectificada por el propio alcalde.
Además, Ranchal acusó a Miguel Villa de «prepotencia» en relación con los dos decretos de adscripción de personal municipal a Serviman (empresa municipal de mantenimiento)y volvió a insistir en que son ilegales. En respuesta, Carlos Villa dijo que el PP «no tiene el más mínimo interés por los trabajadores despedidos». Villa quiso dejar claro que la decisión de llevar a cabo esos dos despidos fue tomada por todo el equipo de gobierno y aseguró que si no se hizo desde un inicio por causas objetivas, y por tanto, con la consideración de improcedente y el pago de la indemnización finalmente pactada, fue por prescripción técnica del graduado social del Ayuntamiento.
En la polémica terció también el concejal de Hacienda, José Cantizani, que indicó que «no se puede garantizar que no se vayan a producir más despidos».
Recortes por la crisis El Pleno aprobó por unanimidad suspender dos convenios, entre ellos el de UGT, CC.OO. y Lucena Acoge para ayudar a inmigrantes
Sobre los decretos de adscripción funcional de personal a Serviman, Cantizani dijo que «hasta que no se resuelvan los recursos presentados no nos vamos a manifestar públicamente sobre ese tema». No obstante, el equipo de cogobierno de PSOE e IU no aceptó la petición del PP de solicitar un nuevo informe jurídico a la Diputación.
Nueva edil
El pasado Pleno se inició con la toma de posesión del cargo de concejal de Araceli Moreno López, que sustituye en los bancos del PP a Mario Flores Martínez. Moreno juró su cargo, recibiendo su medalla de nueva edil de manos del alcalde, Juan Pérez, que le dio la bienvenida en nombre de toda la corporación.
Además, el Pleno aprobó por unanimidad la denuncia de los convenios suscritos con UGT y CC.OO. de Córdoba y Lucena Acoge para atención al inmigrante, y con la Peña San Cristóbal para la Feria del Transporte. La crisis obliga a recortar gastos y todo hace indicar que estas partidas no figurarán en próximo año en los presupuestos .
Otro asunto destacado del orden del día se referió a la aprobación inicial de la innovación del PGOU relativa al cambio de uso del Convento de San José de Carmelitas Descalzas. La modificación supone el cambio de uso del suelo para que pueda albergar viviendas de protección oficial. Con esta medida se da valor a este suelo para propiciar con su venta el traslado del convento a una parcela en la Sierra de Aras.
