Las Cortes deciden qué hacer con el personal y el patrimonio de ambas instituciones antes de desaparecer
Día 31/10/2011
Las Cortes de Castilla-La Mancha celebrarán hoy lunes Comisión de Asuntos Generales, en la que se designarán las ponencias encargadas de elaborar los informes sobre los Proyectos de Ley de Supresión del Defensor del Pueblo y del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad autónoma. La Comisión, en la que también se elegirán los ponentes de ambos textos, tendrá lugar a las 9.30 horas, días después de que el pleno del Parlamento autonómico rechazase, con los votos de la mayoría del PP, sendas enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a ambos Proyectos de Ley.
En el caso del Defensor del Pueblo, el Gobierno justifica su supresión «en aras de racionalizar la Administración con un menor coste para los ciudadanos». En este sentido, el texto explica que tanto el Defensor del Pueblo de España y el Defensor castellano-manchego tienen, en líneas generales, «unas competencias coincidentes y concurrentes». En este sentido, se argumenta que la supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha «en ningún caso supondrá una merma de los derechos de los ciudadanos, por poder éstos acudir siempre al Defensor del Pueblo estatal». El Proyecto de Ley consta de un artículo único que acuerda la supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, y de varias disposiciones transitorias relativas al personal, que será adscrito de conformidad con el régimen legal aplicable a dicho personal; y al régimen patrimonial, donde se explica que los bienes de los que dispone lo Oficina del Defensor del Pueblo se mantendrán adscritos a las Cortes de Castilla-La Mancha en tanto se determina la afectación y adscripción definitiva de los mismos conforme a la normativa aplicable en materia de patrimonio.
Las quejas, al estatal
Una disposición transitoria tercera establece que la tramitación de las quejas pendientes, se remitirán al Defensor del Pueblo estatal y que la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha se hará cargo de los asuntos en trámite adoptando las decisiones que convengan. Una disposición final sobre el archivo y fondos del Defensor del Pueblo, establece, además, que la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha podrá adoptar cuantas medidas se consideren oportunas en relación con la custodia y organización de los archivos, fondos documentales y bibliotecarios de la Oficina del Defensor del Pueblo.
Por su parte, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley de supresión del Consejo Económico y Social, se detalla que siendo consciente el Gobierno regional «de la necesidad de establecer un marco estable y permanente de diálogo con los agentes económicos y sociales», considera oportuno «crear otro espacio de diálogo» eliminado el coste económico que generaba el CES.
También en un artículo único se acuerda la supresión del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha, cuya personalidad jurídica quedará extinguida desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.
En las disposiciones transitorias se habla también del régimen de personal, para establecer que los funcionarios de carrera que estuvieran prestando sus servicios en el Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha, serán adscritos a la Administración regional en las condiciones establecidas en la normativa que a cada uno de ellos les resulte de aplicación, mientras que el resto del personal cesará el día de entrada en vigor de la Ley.
