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El TSJA ve en la «ley del enchufismo» un «desprecio al Estado de Derecho»

Anula que personal de la Administración «paralela» se integre como empleados públicos en una Agencia de la Junta

Día 03/11/2011 - 07.22h

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«Un desprecio al Estado de Derecho». Así define el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la decisión de la Junta de integrar el personal procedente del antiguo Instituto Andaluz de las Artes y las Letras en la nueva Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a través de la reordenación de la Administración autonómica, conocida como «ley del enchufismo». Nuevo, y esta vez contundente, varapalo judicial.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado nula la parte de los estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales que se refiere a la política de personal. Se estima así el recurso presentado en mayo de este año por el despacho cordobés de abogados de Mariano Aguayo en representación de la Asociación Al-Andalus de Empleados Públicos de la Junta, la Asociación Defiendo Mi Derecho y Gestión Pública y varios funcionarios a título personal.

La sentencia, a la que ha tenido acceso ABC y que es la primera que se pronuncia sobre los 27 recursos presentados contra la reordenación del sector público autonómico por parte del citado despacho, es demoledora. Los cuatro jueces ponentes de la resolución acusan al Ejecutivo de José Antonio Griñán de «una flagrante vulneración» de derechos fundamentales contenidos en la Constitución, como son los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.

El apartado de personal relativo a la citada agencia a la que se refiere la sentencia se recoge en la disposición segunda del decreto que la regula. En esa normativa se establece que las 534 personas que trabajaban en el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras se integraban en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, con lo que serían consideradas como empleados públicos de la Administración regional. Todo ello sin haber pasado las correspondientes oposiciones.

En opinión del Tribunal, el decreto que regula la citada agencia «supone, más que una huida del derecho administrativo, un desprecio» —por parte de la Junta— «al Estado de Derecho», debido a que "todos los trabajadores que se integran como personal laboral de la agencia han eludido el acceso por esos principios de igualdad, mérito y capacidad» recogidos por la Carta Magna. La Fiscalía apoya en todos sus términos los postulados de los denunciantes.

Derecho privado

La sentencia apunta que el citado instituto se regía desde su creación por el derecho privado en cuanto a sus relaciones laborales, por lo que no cabe que sus empleados pueden ser considerados como funcionarios por una simple decisión del Gobierno andaluz.

La Junta, en sus alegaciones, estimaba que el recurso planteado no tenía sentido, entre otros motivos, porque los denunciantes carecían de legitimación procesal. El TSJA no da tampoco la razón al Ejecutivo autonómico en este apartado, ya que «en el presente proceso no cabe duda de que el acceso mediante integración a personal laboral de la Agencia cuyos estatutos se aprueban en la disposición impugnada puede afectar a los derechos de acceso, promoción y traslado para la provisión de vacantes de los funcionarios y personal laboral para toda la Administración de la Junta de Andalucía». Es por ello, según los jueces, que los colectivos denunciantes tienen «un interés legítimo» en este asunto.

En la sentencia también se rechaza el argumento de la Junta de que el procedimiento elegido para plantear el recurso no ha sido el adecuado.

Ante esta resolución judicial cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuyo plazo expira dentro de 10 días. Fuentes de la Asociación Al-Andaluz mostraron su satisfacción, ya que esta sentencia «supone toda una bocanada de aire fresco» para los funcionarios.

Desde el despacho de Mariano Aguayo se recordó que, con la reordenación del sector público andaluz, unos 25.000 trabajadores se han convertido en empleados públicos al pasar a formar parte del conglomerado de agencias públicas creadas por el Gobierno regional sin haber pasado las correspondientes pruebas, duplicándose de esta manera el personal total dependiente de la Administración autonómica y, con ello, el gasto que supone.

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