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Arenas exige a Griñán que derogue el «funcionariazo» tras el fallo del TSJA

Los sindicatos contrarios a la reordenación aplauden el veto al «enchufismo»

Día 04/11/2011

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El presidente del PP-A, Javier Arenas, insistió ayer en reclamar al jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, la derogación de la Ley de Reordenación del Sector Público, normativa conocida como «funcionariazo» y «ley del enchufismo», al calor de la última sentencia del TSJA que anula el traspaso de trabajadores de una empresa de la Administración «paralela» a una Agencia de la Junta de nueva creación con la condición de empleados públicos. Los sindicatos y colectivos que se oponen a este proceso valoraron de forma muy positiva la contundencia del fallo judicial.

Arenas, que ayer intervino en un acto de su formación en Córdoba, junto al presidente del PP a nivel nacional, Mariano Rajoy, subrayó que «el Gobierno del cambio descansará en la gestión de los funcionarios», colectivo al que expresó su apoyo después de que «una vez más los tribunales echan para atrás decisiones de la Junta, porque no respetan el Estado de Derecho y desprecian la función pública».

A su juicio, informa Ep, los socialistas «han creado una Administración paralela para controlar desde la política a los funcionarios». En este sentido, pidió al presidente andaluz, José Antonio Griñán, que «lo piense tras la multitud de varapalos judiciales y derogue los decretazos que impuso en la Junta».

Arenas se pronunció así después de que el pasado miércoles la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarara «nula» la disposición adicional segunda del Decreto 103/2011, de 19 de abril, por el que se aprobaron los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y la integración directa en dicho organismo de personal del extinto Instituto Andaluz de las Artes y Letras. Al respecto, el TSJA considera que es «un desprecio al Estado de Derecho» que «vulnera» los derechos fundamentales de «acceder a la función pública conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de convocatoria». La sentencia del Alto Tribunal andaluz es la respuesta al recurso presentado por el despacho de abogados Mariano Aguayo, de Córdoba, a instancias de asociaciones de empleados públicos y de funcionarios a título particular.

Frente sindical

Al respecto, sindicatos que desde el principio se han opuesto al proceso de reordenación, como CSIF, Safja y Ustea, se mostraron plenamente identificados con la resolución del TSJA, y coincidieron en señala que se trata de un primer paso, pero sumamente importante, para conseguir «tumbar» la «ley del enchufismo» por la vía judicial.

Alicia Martos, de CSIF, señaló que «a la vista del fallo demoledor tenemos más esperanzas que nunca en poder acabar con este ataque a la Constitución y a las leyes básicas», y recordó que su organización tiene interpuestos actualmente más de 30 recursos, tanto por la vía especial de protección de los derechos fundamentales, como por la vía ordinaria contra todo el entramado normativo.

En nombre de Safja, su presidente, Alfredo Pérez, indicó que el referido fallo del TSJA «clarifica lo que venimos demandando desde hace tiempo, que la potestades públicas sólo puedan ser ejercidas por funcionarios. Y destaca que no sólo se produce con la Ley una huida del Derecho Administrativo, sino del Estado de Derecho, lo cual todavía es más lamentable, porque se quiere integrar en la Administración a personas que no han pasado por la criba de las oposiciones».

Rocío Luna, de Ustea, se felicitó igualmente por la resolución del TSJA y confió en que todas las sentencias que aún están pendientes de dictaminar «vayan en el mismo sentido. Es una puerta que se ha abierto, y muy importante», destacó.

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