Ciudad Real

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La primera ley de la era Cospedal acaba con el Defensor y el CES

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El PSOE culpa al Gobierno regional del aumento del paro en el sector público

Día 04/11/2011

Después de varias semanas de trámite, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron ayer, gracias a los votos del PP y la oposición del PSOE, la ley por la que se suprime la institución del Defensor del Pueblo regional casi diez años después de su creación. Se trata de la primera Ley de la VIII Legislatura, la primera norma de la era Cospedal, que supondrá la desaparición de la institución del Defensor del Pueblo y de los puestos de trabajo adscritos a su oficina.

La Mesa de las Cortes finalmente aceptó el debate de tres enmiendas del Grupo Socialista a este proyecto de ley y otras nueve al proyecto por el que se suprimirá el Consejo Económico y Social (CES). La mayoría del PP rechazó dos de las tres enmiendas, mientras que la tercera fue pactada para retrasar la desaparición del organismo.

Desaparece, en palabras del consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Jesús Labrador, una institución «que no sólo no es necesaria, sino que es absolutamente prescindible» en un momento económico como el actual, ya que los ciudadanos podrán dirigir sus quejas y consultas al Defensor del Pueblo estatal.

Con su desaparición, las arcas regionales lograrán ahorrar unos 3 millones de euros al año, argumentó el consejero, mientras que el portavoz del PSOE, José Luis Martínez Guijarro, criticó que «las prisas no son buenas consejeras», y acusó al Gobierno de querer suprimir este organismo «para evitar el control al Gobierno».

Martínez Guijarro advirtió de que, con la supresión del Defensor del Pueblo, se despedirá a 20 trabajadores y acusó al Gobierno regional de haber provocado, con la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, el aumento del desempleo en el sector de los servicios sociales y en el sector público.

En concreto, el diputado socialista indicó que el paro ha subido entre los trabajadores de la administración pública en un 41%, mientras que en los servicios sociales el incremento ha sido del 182%.

En cuanto a las disposiciones finales, dicen que la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobará las necesarias modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo para adaptarlas a la estructura orgánica derivada de esta ley, y se adoptarán las medidas oportunas relacionadas con la custodia y la organización de los archivos, fondos documentales y bibliotecarios de la Oficina del Defensor del Pueblo.

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