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El PSOE mantiene a la alcaldesa de Aguadulce, condenada por prevaricación

Isabel Ortiz se saltó la ley para conceder una licencia de obras a un integrante de la candidatura socialista

Día 15/11/2011 - 07.12h

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El juzgado de lo penal número 4 de Sevilla ha condenado a la alcaldesa de Aguadulce, la socialista Isabel Ortiz, a 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación. La sentencia, que la condena también al pago de 4.050 euros, considera que Ortiz ha cometido un delito contra la ordenación de territorio en su modalidad de prevaricación urbanística al conceder una licencia de obras para la ampliación de una granja a sabiendas de que no era conforme a derecho. A pesar de ello, y a que nada más conocerse la sentencia se alzaron voces desde el PP e IU exigiendo que abandonara el cargo de inmediato, fuentes del PSOE provincial aseguraron a ABC que Isabel Ortiz no dimitirá ya que el fallo del tribunal no es firme, por lo que se recurrirá ante la Audiencia.

La sentencia del juzgado de lo penal 4 considera probado que Ortiz concedió en 2006 una licencia de obras para ampliar una granja de engorde de pavos que, a la sazón, era copropiedad de José Antonio Borrego, que sería compañero de candidatura de la alcaldesa en la lista que el PSOE presentó a las elecciones municipales de 2007 de Aguadulce y, posteriormente, concejal. Concedió esa licencia a pesar de que el arquitecto municipal le advirtió de que esa obra sólo podría llevarse a cabo si previamente se declaraba de utilidad pública o de interés social y con los informes preceptivos de la Consejería de Obras Públicas; y de que la secretaria del Ayuntamiento le propuso desestimar la concesión de licencia hasta que adecuara la normativa vigente.

«Pese a estos informes y advertencias, la acusada — subraya la sentencia—, consciente de la ilegalidad de su decisión» aprobó conceder la licencia, lo que provocó la ejecución de gran parte de las obras. Aunque tras la concesión de la licencia, tanto la Consejería de Agricultura como a Obras Públicas, emitieron informes contra esa obra —la primera por incumplimiento de las distancias mínimas con respecto a otras granjas y la segunda por incumplir varias normas urbanísticas—, la obra, recuerda la sentencia, no se paralizó hasta noviembre de 2007, con un Gobierno municipal que no presidía la acusada.

La sentencia considera probado un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística y es muy dura con las excusas lanzadas en la vista por la acusada. Isabel Ortiz llegó a esgrimir que decidió saltarse lo que le decían los técnicos por «sentimentalismo y porque la licencia la pedía un empresario para crear puestos de trabajo y, en su opinión, eso lo justifica todo». El juez, dejando aparte que ni siquiera se justifica esa creación de puestos de trabajo cuestión que, precisa, no tuvo en cuenta en otros expedientes cuyas licencias fueron denegadas, rechaza esa justificación porque «no es lícito que en aras de una finalidad o propósito, por muy encomiable que sea o parezca, la norma sea desconocida o burlada. Y eso es precisamente lo que confiesa la acusada: sabía que la norma prohibía la licencia, pero sin embargo, pese a ser constituida por la norma en garante de la legalidad urbanítica (...) otorga la licencia como quien dispone legítimamente de algo privado». Por ello, insiste más tarde, «hay que dar por probado que el otorgamiento de licencia se hizo de un modo flagrante y patentemente arbitrario con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista». Además, rechaza que la alcaldesa, que llevaba entonces 3 años en el cargo, no supiera que estaba actuando en contra de la norma ya que «no es admisible» que desconociera las normas básicas de la legislacción que tiene que aplicar.

Reacciones

Uno de los primeros que reaccionó a esta sentencia fue el ex alcalde de Aguadulce, Joaquín Benítez, quien paró la obra en cuestión, elevó los hechos ante la Fiscalía e hizo que el Ayuntamiento se personara en la causa. Benítez, de IU, exigió ayer a la actual alcaldesa que renuncie «inmediatamente» a su cargo ya que ha sido condenada por unos hechos «muy graves» y ya no tiene «ninguna autoridad» para gobernar, reclamando al PSOE que la aparte de todos sus cargos. Consideró que es «indigno para el pueblo» que Isabel Ortiz se mantenga al frente de la Corporación municipal.

También el PP, a través de la diputada provincial Virgina Pérez, reclamó la dimisión de la alcaldesa de Aguadulce, recordando que se trata de «una socialista más de una larga lista» de dirigentes o cargos públicos del PSOE imputados o condenados. Pérez recomendó por ello al secretario provincial del PSOE, José Antonio Viera, y a todos los socialistas que emprendan una «regeneración, una limpieza absoluta» de su estructura provincial, comenzando por las listas electorales, recordando el caso de la ex alcaldesa de Albaida del Aljarafe y número 3 en la lista del PSOE al Congreso y del propio Viera, número 2.

La cada vez más larga lista de condenados socialistas

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