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Exigen dimisiones por el robo de droga mientras el Gobierno calla

El alijo sustraído del depósito sin vigilancia rondaría la media tonelada de cocaína

PABLO D. ALMOGUERA

Han pasado 48 horas desde que se conociese el robo de casi media tonelada de cocaína del depósito judicial de Málaga y el Gobierno sigue sin ofrecer una versión oficial sobre las supuestas deficiencias en las medidas de seguridad del. Un mutismo que está provocando una escalada de críticas que ayer iniciaron los sindicatos policiales, exigiendo dimisiones; y a las que se sumaron la Fiscalía y el Colegio de Abogados, cuestionando la necesidad de que sea almacenada tanta droga. Los investigadores, mientras tanto, tratan de arrancar alguna pista fiable de la furgoneta recuperada en la que se cree que se transportó la droga.

«En Alemania dimitió un ministro porque copió parte de su tesina; aquí roban cientos de kilos de cocaína y nadie ofrece una explicación», se quejaba ayer un agente, que hacía suyas las reivindicaciones del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), cuyos representantes calificaron lo ocurrido como «tremendamente grave» y exigieron que se depuren responsabilidades. « Se ha dañado la seguridad ciudadana, los procesos judiciales y la imagen de los Cuerpos de Seguridad del Estado».

Nadie se explica aún cómo la Subdelegación del Gobierno había encomendado la vigilancia de unas instalaciones tan sensibles a una empresa privada. La sorpresa es mayor aún tras saberse que los vigilantes tenían horario de oficina y que las tardes y los fines de semana no había nadie en el depósito. La Guardia Civil, que en el puerto de Málaga, donde esta ubicado el almacén, únicamente tiene funciones de control de fronteras, asumía el visionado de unas cámaras que fallaban con más frecuencia de la deseada.

La Policía Nacional es el cuerpo encargado de la seguridad ciudadana en la zona, al igual que la Policía Portuaria. Y para colmo, las garitas de los accesos carecen de barreras y la entrada peatonal al lugar es totalmente libre. Un maremágnum organizativo y de competencias sobre el que el Gobierno no se ha pronunciado. La consigna parece ser no informar del tema, y aún se espera la nota de prensa que se anunció el lunes tras conocerse el robo.

El secretario general del SUP en Andalucía, Manuel Expósito, que también representó a la AUGC, manifestó que ambos sindicatos venían «denunciando públicamente desde hace un tiempo la problemática existente» en el citado depósito. «Había una saturación manifiesta y hemos solicitado que se agilizara la destrucción de la droga, ya que los cuarteles y comisarías se estaban convirtiendo en centros de recepción y almacenamiento», declaró en rueda de prensa.

Dudas

Expósito solicitó a la Subdelegación del Gobierno que «cuanto antes» informe sobre «todas las dudas que rodean este caso», como la cantidad y el tipo de droga intervenida. Este periódico ha podido saber que en un primer recuento rápido se habló de no menos de 300 kilos de cocaína, aunque pasadas las horas esa cantidad se aproxima a la media tonelada. Un alijo que tendría un valor en la calle de más de 30 millones de euros.

El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, expresó ayer su malestar ante lo que considera un «hecho gravísimo» que demuestra un fallo de seguridad,; para después tildar de desacertado que se custodie «tanta» droga. El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, se expresó en los mismos términos. Y paralelamente a las reacciones de los distintos estamentos implicados de la lucha contra el narcotráfico, los investigadores encargados del caso trabajan contra el crono para tratar de localizar el paradero de la droga y a los autores del robo, de los que únicamente se dice que son «profesionales» que han estado bastante tiempo planificando el golpe.

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