Según WWF, «la sentencia sobre vertido tóxico alecciona sobre hacer cumplir leyes»

La organización WWF ha dicho de la sentencia del Tribunal Supremo que anula la reclamación de 90 millones de euros de la Junta a la multinacional Boliden por los gastos de limpieza del vertido tóxico de Minas de Aznalcóllar en abril de 1998 , que alecciona sobre la necesidad de hacer cumplir las leyes.

En declaraciones a Efe, el portavoz de la organización en Doñana, Juanjo Carmona, ha indicado que la sentencia es "muy mala noticia" y es consecuencia "de que la normativa existente era deficiente y de la mala planificación que en su día hicieron la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente".

Asimismo, ha insistido en que el texto del Supremo viene a dar una lección en un doble sentido, ya que "demuestra que hay que tener buenas leyes en relación a las cuestiones de prevención pero viene a advertir que hay que hacerlas cumplir".

Carmona ha advertido de la necesidad de ser "rigurosos en la cuestión de las garantías medioambientales" de los proyectos mineros que quieren abrir sus puertas y "no dejarse llevar por cantos de sirena sobre la generación de miles de puestos de trabajo que a la hora de la verdad no son tantos".

En este sentido, ha recordado el caso de Mina Cobre las Cruces , en Sevilla, de la que en su día se advirtió que los sistema de drenaje no funcionarían "como está ocurriendo en la actualidad".

Esto es un ejemplo, según el portavoz de WWF, de que "se siguen cometiendo los mismos errores que hace 13 años aunque se cuente con mejores normas , ya que todo depende de su aplicación, que está en la voluntad de la administración".

Carmona ha recordado que el vertido tóxico de Aznalcóllar ocurrió porque "no se atendieron las numerosas denuncias y la Junta de Andalucía siempre defendió a la empresa" , por lo que, en su opinión, "hay que ser rigurosos para que no vuelva a ocurrir nada parecido".

Por último, WWF espera que la Junta de Andalucía encuentre otra vía para recuperar ese dinero que ahora le ha negado el Supremo, porque "desgraciadamente en España ante un desastre de este tipo no pagan las empresas ni los responsables políticos y técnicos".