Trece años después el TS impide a la Junta cobrar por el vertido

Trece años después de la catástrofe medioambiental en la mina de Aznalcóllar que provocó el vertido de 6.000.000 de metros cúbicos de aguas ácidas en el río Guadiamar, en los aledaños del Parque Nacional de Doñana, la empresa propietaria de la mina que causó el vertido, Boliden Apirsa, sigue sin pagar el coste. El Tribunal Supremo ha vuelto a fallar en contra de la Junta en su batalla para que la empresa sueca abone los gastos del desastre ecológico, estimados en casi noventa millones de euros. El fallo del Alto Tribunal supone un varapalo para el Ejecutivo andaluz ya que ratifica la anterior sentencia del TSJA contra el acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz del 23 de marzo de 2004 que declaró que Boliden Apirsa S.L., Boliden AB y Boliden BV estaban obligadas a reembolsar a la Junta los gastos y costes que supuso el vertido producido por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en Sevilla.

El TS confirma la decisión anterior del TSJA que anuló el acuerdo del Gobierno que reclamaba a Boliden 89.867.545 euros. Ambos tribunales entienden que la Junta carecía en de competencias de «autotutela» y que la Ley de Minas en la que se basó la Junta para reclamar a Boliden no le autorizaba a pedir el reintegro de los daños sufridos sin necesidad de acudir a los tribunales, pues «no existe precepto legal alguno» que le habilite para exigir « la reparación de unos daños amparados en un título de derecho privado ».

Se trata de un problema formal tal y como reconoce el tribunal que considera que podríamos estar ante un caso de «peregrinaje judicial». Pero añade que «no cabe que, para enmendar un yerro, esta jurisdicción c ontencioso-administrativa incurra en otro mayor, vulnerando el principio de legalidad».

Tanto desde la Oficina del Portavoz como desde Medio Ambiente insistían en que la Junta agotará todas las vías para cobrar. Aseguraban que los servicios jurídicos estudian la fórmula para reclamar y conseguir que Boliden pague y no se descarta un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo. En este sentido creen que se trata de « una cuestión de forma y no de fondo ». Además el consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, afirmó que «peleará hasta el final para que se haga justicia», informa Europa Press. Díaz Trillo reconocía el «revés» que ha supuesto este fallo pero insistía en que es de Justicia que las arcas andaluzas se ven resarcidas con una sentencia que les de la razón.

Ecologistas en Acción recalcaba que se debe recurrir ante el Tribunal de Estrasburgo o ante quien corresponda porque se debe cumplir el principio de « quien contamina paga ». El portavoz de esta organización en Doñana, Juan Romero, dijo que no se debe permitir que Boliden «se vaya de rositas». Y anunció que en la próxima reunión del Consejo de Participación de Doñana que se celebrará el jueves 15 condenarán la sentencia. Sobre todo porque puso en peligro la supervivencia del Parque de Doñana.