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PP y ecologistas censuran la táctica judicial de la Junta contra Boliden

El Gobierno recurrirá ahora a la Sala de Conflictos del Supremo el fallo que exime del pago a la empresa, algo a lo que le instó el TSJA hace cuatro años

Día 08/12/2011 - 08.31h

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La máxima de quien contamina la paga no se ha cumplido, al menos por ahora, en el mayor desastre medioambiental que ha sufrido Andalucía: la rotura de balsa de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Boliden, que provocó el vertido de seis millones de metros cúbicos de aguas ácidas en el río Guadiamar, en los aledaños del Parque Nacional de Doñana.

La sentencia del Tribunal Supremo, dando la razón a Boliden en la batalla judicial que mantiene con la Junta, frustra de nuevo las posibilidades de que la empresa sueca pague los costes de limpieza que produjo el vertido, que ascienden a 89,9 millones de euros, algo que tanto el PP como Ecologistas en Acción achacan a una cuestionable acción o una mala gestión judicial de este asunto por parte del Gobierno andaluz. Este extremo, sin embargo, lo negó ayer el Ejecutivo, que no renuncia a pedir responsabilidades a la empresa.

Tanto los populares como los ecologistas argumentan estas afirmaciones en la sentencia emitida el pasado 10 de noviembre por el Supremo, en la que ratifica un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del 23 de marzo de 2004 que declaró que Boliden Apirsa S. L., Boliden AB y Boliden BV estaban obligadas a reembolsar a la Junta los casi 90 millones del coste de limpieza del vertido.

Aquella sentencia dictada por el TJSA en 2007 desestimaba la demanda por la vía civil de la Junta contra Boliden e instaba a esta a plantear un recurso ante la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo. En lugar de hacer esto, el Gobierno andaluz decidió recurrir por la vía contencioso-administrativa, por lo que cuatro años después se ha vuelto a la casilla de salida, por cuanto el siguiente paso que dará la Junta será plantear una iniciativa ante la Sala de Conflictos del Supremo. Tal como recoge el fallo del Supremo del 10 de noviembre: «en la propia sentencia se señaló a la administración autonómica demandada el camino a seguir, a pesar de lo cual esta optó por impugnar esa sentencia en casación, lo que ha dilatado la solución del conflicto jurisdiccional».

Por esta razón, la portavoz del PP-A, Rosario Soto, criticó ayer «la falta de gestión» y el «no trabajo» por parte del Gobierno andaluz en su acción judicial contra Boliden, en la que «se han perdido cuatro años».

«Sabemos que hubo una sentencia del TSJA que marcaba dos vías, y se siguió una en lugar de seguir la otra. Queremos saber el por qué», aseguró Soto, quien acusó a la Junta de «desoír» al alto tribunal andaluz. Además, consideró que ante «la mayor catástrofe medioambiental» que ha sufrido la comunidad «tenían que haberse hecho las cosas bien», una actuación que podía incluir «desde la negociación con la propia empresa hasta una hoja de ruta jurídica» para conseguir que Boliden se hubiera hecho responsable del daño causado. Por ello, la portavoz anunció que el PP preguntará la próxima semana en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento cuál ha sido la «hoja de ruta» de la Junta respecto a Boliden.

Ecologistas en Acción coincidió con el PP en recordar, por boca de su portavoz Isidoro Albarreal, que el problema radica en que en lugar de plantear un «recurso ante la Sala de Conflictos» del alto tribunal, tal como el TSJA le había indicado, decidió recurrir por la vía administrativa. Por ello, ahora nos encontramos «cuatro años después en la misma situación de inicio por el simple hecho de que la Junta no quiso presentar un conflicto de competencias».

«Menos pose»

Por ello, Albarreal entiende que la Junta es «corresponsable» de la situación actual y le pide «menos pose» a la hora de valorar la sentencia. En opinión de esta organización, la Junta ha estado perdiendo el tiempo desde 2007 y «mintiendo» porque «fue ella la que permitió a las Minas de Aznalcóllar hacer lo que le dio la gana y más». Con esta última afirmación, el portavoz se refería a una docena de denuncias anteriores a la rotura de la balsa y que la Junta desoyó.

Desde el Gobierno andaluz, sin embargo, se rechazó esta tesis. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, negó que la Junta hubiera hecho una «mala gestión» del conflicto judicial. En ese sentido, afirmó que la sentencia del Supremo destaca «el proceloso camino jurisdiccional que por diversas circunstancias no imputables a la administración recurrente se ha seguido en este caso». Lo dicho por la consejera no aparece en el fallo al que tuvo acceso ABC en la web del Poder Judicial, aunque hay otra del día 11 de noviembre, muy similar contra Boliden AB, que aún no está «colgada» en la red y que la Junta sí conoce.

Moreno justificó haber optado por la vía contencioso-administrativa y que no plantearan entonces el recurso a la Sala de Conflictos en que la «jurisprudencia» que había dictado ese organismo exigía que fuera una sentencia firme y la del TSJA era recurrible ante el Supremo. Ahora, tal como señaló la consejera, el Gobierno andaluz planteó el pasado 2 de diciembre ante la Sala de Conflictos —la misma ante la que recurrió el auto en la que la juez de los ERE planteaba ver las actas de los Consejos de Gobierno— un «conflicto negativo de jurisdicción».

Este conflicto lo han planteado, añadió, porque se ha producido una «denegación de acceso a la justicia» y persigue que el Tribunal Supremo «señale cuál es la vía oportuna» que debe seguir la Junta en su recurso, para que los tribunales dejen de pronunciarse por la forma y entren en el fondo de esta cuestión.

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