Andalucía

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Suspenden la integración del personal en todas las agencias del «enchufismo»

La Junta dice que cumple con las resoluciones y el PP la acusa de continuo desacato

Día 16/12/2011 - 07.33h

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Al menos de forma provisional y mientras se resuelven los recursos, diferentes instancias judiciales se han pronunciado a favor de la suspensión del proceso de integración del personal de la Administración «paralela» de la Junta en las nuevas agencias surgidas con motivo de la reordenación del sector público, un proceso llevado a cabo a través de la normativa conocida como «ley del enchufismo». La última decisión de los tribunales se conoció ayer y afecta a la Consejería de Agricultura, y se conoce el mismo día en el que la consejera Carmen Martínez Aguayo afirmó en el Parlamento que el Ejecutivo andaluz está cumpliendo las resoluciones, a lo que el diputado del PP Jorge Ramos respondió que el Gobierno incurre en un constante «desacato» a la Justicia.

Según informó ayer el despacho de abogados Mariano Aguayo, que defiende los intereses de varios colectivos de funcionarios frente a la «ley del enchufismo», el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda la suspensión cautelar de la integración del personal procedente de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. (Dapsa) en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), que afecta a un total de 1.852 trabajadores.

El Juzgado toma como referencia el criterio ya firme de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que por sentencias de 2 y de 15 de noviembre de 2011 ha acordado, respectivamente, anular el régimen de integración de personal del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras en la Agencia de Instituciones Culturales, y la suspensión cautelar del Protocolo de Integración de personal procedente de la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo ( Faffe) y de los Consorcios Utedlt en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La relevancia de esta nueva resolución no sólo radica en el elevado números de empleados a los que afecta la medida cautelar adoptada, sino en la circunstancia de que, actualmente, la integración del personal procedente de empresas, fundaciones y otros entes instrumentales en la todas las agencias de nueva creación ha sido suspendida en todos los casos. De este modo, indican los recurrentes, ya sea porque se ha acordado la suspensión cautelar de la aplicación del decreto o de la ejecución del protocolo correspondiente, «se ha conseguido la suspensión del proceso de integración en todas y cada una de las nuevas agencias públicas».

El letrado Luis Zafra, del despacho de Mariano Aguayo, señaló a ABC que este último auto es recurrible ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, con sede en Sevilla, un órgano que ya tiene un criterio formado por decisiones anteriores y que por lo tanto, previsiblemente, dictaminará que se tienen que suspender los protocolos de integración. «La Junta no acata, más bien ataca las resoluciones judiciales», subrayó el abogado, y de mantenerse esa actitud lo que corresponde es «instar al órgano judicial que ha adoptado la medida cautelar para pedir que se suspenda la integración» de forma efectiva.

Debate

De hecho, ayer en el Parlamento se suscitó un debate sobre la «ley del enchufismo» a raíz de una pregunta del diputado del PP Jorge Ramos a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Ésta explicó que hasta la fecha se han dictado resoluciones judiciales «contradictorias», 16 autos judiciales denegando lo que pedían sindicatos y asociaciones recurrentes y ocho resoluciones, —seis autos y dos sentencias—, que aprecian la suspensión en algunos casos y en otras la anulación, nunca de los estatutos, sino de algunas reglas de los protocolos de integración.

Insistió en que todas estas resoluciones se están cumpliendo en sus propios términos, «como no puede ser de otra forma», y que, para ello se han dictado siete resoluciones por los órganos competentes para su ejecución. Apuntó que tanto las sentencias como los autos «mantienen la plena vigencia del procedimiento de sucesión de empresas prevista en el Estatuto de los Trabajadores, que es el utilizado para la integración del personal perteneciente a las distintas empresas».

Por su parte, el diputado del PP-A Jorge Ramos indicó que la consejera «no dice la verdad» por cuanto «no se están acatando las sentencias que han evidenciado que su modelo de reordenación de la Administración se ha convertido no en modelo de reordenación sino de desorganización». Tras afirmar que se trata de un modelo recurrido «por todos», Ramos consideró que no es de recibo que la Junta siga diciendo que «todo transcurre con normalidad cuando hay cinco agencias de las ocho existentes que están afectadas por sentencias con paralización de los estatutos o integración de personal».

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