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Un juzgado investiga las ayudas públicas que Torrijos dio a Cuba

La juez pide facturas que se retiraron del expediente de una subvención a la Fundación DeSevilla. IU llegó a justificar pagos con documentos en árabe

Día 28/12/2011 - 07.40h
Un juzgado investiga las ayudas públicas que Torrijos dio a Cuba

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La juez de instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha abierto diligencias a raíz de la denuncia de un particular para investigar las subvenciones a Cuba realizadas por el Ayuntamiento de Sevilla. Concretamente, la magistrada ha solicitado al Consistorio por una ayuda de 18.905,70 euros «para el desarrollo de un programa de adquisición de ordenadores para La Habana en el año 2008». Se refiere concretamente a un proyecto subvencionado por Antonio Rodrigo Torrijos cuando era delegado de Relaciones Institucionales a través de la Fundación DeSevilla, una polémica ayuda de 990.000 euros para 13 proyectos de cooperación directa a la que finalmente tuvo que renunciar la citada fundación porque fue incapaz de justificar los gastos, aunque llegó incluso a pagar diversas facturas. Es el caso de ésta por la que se ha interesado la juez y que consistía en el envío de equipos informáticos para la Oficina de la Central de Trabajadores de Cuba, en La Habana.

La providencia del juzgado reclamando documentación al Ayuntamiento se firmó el pasado 10 de junio, un día antes de la toma de posesión de Juan Ignacio Zoido como nuevo alcalde. En ella, la juez solicita que se le indiquen «las cantidades que se destinaron exactamente a la compra del material informático, acompañándose en tal caso la documental que acredite su adquisión». El día 15 de ese mes se le puso sello de entrada en el Consistorio a esa ejecutoria. Y el 21 lo recibió la Fundación. Todavía ocupaba el puesto de gerente el miembro de IU Miguel López Adán, quien remitió contestación al juzgado exactamente su último día de trabajo en este organismo, el 30 de junio. En su alegación, López Adán incluye la factura pagada a la empresa Fibratel por valor de 9.905 euros por la adquisición de 13 ordenadores y dos impresoras. Según los asientos bancarios que hay en el expediente, ese dinero se abonó. Sin embargo, el propio gerente de la Fundación reconoce a la juez que «con fecha 28 de marzo de 2011 se solicita al Ayuntamiento la renuncia del total de la subvención» alegando «incumplimiento del plazo de ejecución», excusa bastante sorprendente teniendo en cuenta que la factura está fechada el 30 de abril de 2008 y la subvención fue otorgada por Torrijos en diciembre de ese año, ocho meses después.

Por si fuera poco, López Adán admite que solicitó «la anulación del sello» de esa factura para que no se imputara a dicha subvención. Es decir, el documento se aportó como justificación y después se retiró. Y el gasto estaba efectuado. A eso hay que añadir que también se imputó a esta subvención en un primer momento el viaje de siete personas —cuatro desde Sevilla, entre ellas la pareja del delegado de IU Carlos Vázquez, y tres desde Madrid— a La Habana coincidiendo con el 1 de mayo, día de celebración del castrismo. Sin embargo, este documento pagado a la empresa de la esposa de otro destacado miembro de IU no fue enviado por López Adán al juzgado, aunque consta en la contabilidad de la Fundación.

Y en la misma situación se encuentran otras facturas que el gerente trató de utilizar como justificante de esa subvención que había tramitado Torrijos. Según otro documento interno de la Fundación firmado por López Adán el 28 de julio de 2011, justo antes de abandonar su puesto, fueron retiradas de los expedientes dos facturas en árabe de un proyecto para una escuela de hostelería en Palestina y otra correspondiente al incinerador del cementerio de Colón de La Habana. ABC ya había publicado la existencia de esas facturas al tiempo en que explicaba que, según los responsables de dicho cementerio en Cuba, el horno incinerador había sido donado por Valencia. Miguel López Adán explica en este documento que ese proyecto «finalmente no se ejecutó». Y es que ya lo habían hecho otros, porque el incinerador está funcionando. ¿Por qué existía entonces una factura emitida por una empresa vasca que in extremis se retiró del expediente? A todo eso tendrá que responder la Justicia, que ya se ha puesto manos a la obra.

Y encima eran viejos

La responsable del departamento informático de la Central de Trabajadores de La Habana, Inés María Quesada, aseguró a ABC en marzo de 2009 que «recibimos un envío de 60 computadoras desde Sevilla y todo funciona bien, aunque algunas han dado problemas porque no son nuevas». Pero los datos no concuerdan, porquela factura aportada, sin embargo, es sólo de 13 ordenadores, todos a estrenar.

¡A juzgar!

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