Andalucía

Andalucía / NUEVA MANIFESTACIÓN

Los funcionarios quieren hacer del 28-F el día contra el enchufismo

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Día 05/01/2012

Las plataformas de empleados públicos surgidas para mostrar su oposición a la reordenación de la Administración andaluza, impulsada a través de la denominada «ley del enchufismo», tienen previsto mantener la próxima semana un reunión para diseñar un nuevo calendario de protestas, en el que se baraja la elección de la jornada del 28 de febrero, día de Andalucía, para celebrar en Sevilla una gran manifestación contra la iniciativa de la Junta.

Los funcionarios no están dispuestos a cejar en su empeño y con el inicio del nuevo año van a mantener la estrategia de combinar las movilizaciones en la calles con los recursos y denuncias en los tribunales.

Según informaron a ABC portavoces de las plataformas y de las organizaciones sindicales, el 28 de febrero tiene muchas posibilidades para que Sevilla acoja una nueva gran manifestación contra la «ley del enchufismo», si bien hay también propuestas, que no cuentan con un respaldo mayoritario, para que un acto de similares características tenga lugar en torno al 4 de febrero, coincidiendo con la celebración del Congreso Federal del PSOE.

Acciones legales

En el otro plano, el judicial, y al objeto de mantener las acciones legales contra la reordenación de la Administración, las plataformas han abierto un nuevo plazo para recoger aportaciones económicas destinadas a sufragar el asesoramiento del despacho de abogados cordobés de Mariano Aguayo. con la idea de cerrar todos los procedimientos.

En paralelo, los colectivos de funcionarios han decidido dar un nuevo paso, en este caso ante la Fiscalía, con denuncias por prevaricación, nombramiento ilegal y usurpación de funciones públicas, por la presencia de los trabajadores externos que se han incorporado a consejerías y agencias procedentes de la Administración «paralela». Especialmente, la denuncia afecta a los jefes de servicio como colaboradores necesarios de los presuntos delitos. El objetivo, subrayan, es combatir un modelo en el que personal procedente de empresas regidas por el Derecho privado puedan dirigir una Administración pública.

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