Andalucía

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Admitida la primera denuncia penal por enchufismo en la Junta

Safja impugnó el nombramiento de un alto cargo que no es funcionario

Día 17/01/2012 - 08.35h

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Las plataformas de empleados públicos y los sindicatos que se oponen a la reordenación de la Administración andaluza, un proceso llevado a cabo a través de una normativa conocida como «ley del enchufismo», han reactivado todos los frentes para tratar de dinamitar los planes de la Junta. En el plano legal se profundizará en la estrategia de acudir a la vía penal contra altos cargos, lo que ha dado ya frutos con la admisión a trámite de una denuncia por usurpación de funciones contra el nombramiento del secretario del Consejo Rector de la Agencia Amaya sin tener la condición de funcionario. Y en lo que se refiere a las movilizaciones, las principales serán el 4 de febrero, con motivo del Congreso Federal del PSOE; el 18, jornada en la que tendrá lugar una macromanifestación en Sevilla, y el 28, Día de Andalucía.

Representantes de las plataformas de empleados públicos de las ocho provincias andaluzas se reunieron el pasado fin de semana en Córdoba y acordaron una nueva campaña de movilizaciones y de acciones judiciales contra el «funcionariazo» o «ley del enchufismo».

Los reunidos, además de seguir confiando en el trabajo del gabinete de abogados de Mariano Aguayo para que continúen con los recursos por la vía administrativa, acordaron la contratación de un bufete especializado en derecho penal para denunciar y exigir responsabilidades a los altos cargos de la Administración por el traspaso del personal externo de las empresas públicas a las nuevas agencias creadas con la reordenación.

Agencia Amaya

Las plataformas de empleados públicos siguen así la estela del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja), que semanas atrás presentó la primera denuncia por la vía penal contra Luis Jiménez Piñanes, secretario del Consejo Rector de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya). La demanda, por «usurpación de funciones», ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla.

Según informó Safja, la denuncia se extiende «contra todas aquellas personas que pudieran resultar responsables». Explica el sindicato que a través de la página web de la citada Agencia, tuvo conocimiento de la persona que ostenta el citado cargo, que a a su vez cuenta con un contrato laboral privado en Egmasa. Según Safja, para cumplir la legalidad vigente debe tener la condición de funcionario, circunstancia que no se da..

El delito de usurpación de funciones, regulado en el Código Penal, recuerda, «se castiga en el artículo 402 con pena de prisión de uno a tres años». Safja insiste en que el actual secretario del Consejo Rector de la Amaya «no es personal al servicio de la Administración pública, y no pertenece a la Consejería de Medio Ambiente en la Junta, por lo que sus actuaciones, funciones y actas no gozan de fe pública ni de presunción de certeza, aunque, no obstante, desempeña y ostenta públicamente la titularidad de la Secretaría de la Agencia».

Por todo ello, la central sindical espera que la Justicia «indague los entresijos de este nombramiento y que exija, a la Administración que se aporte todos los datos y documentación que determina la Ley, contratos de trabajos del actual secretario con Egmasa y con la Administración de la Junta desde que presta sus servicios en ambas; contenido, funciones y competencias que realiza, con enumeración pormenorizada».

La vía penal será a partir de ahora utilizada en sus denuncias por las plataformas de empleados públicos, que ha puesto en la diana de sus críticas los consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos, delegados y jefes de servicios.

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