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La Junta crea una nueva categoría para poder recolocar empleados

Para burlar el fallo del TSJA que les impide pasar al SAE, los llama personal «subrogado»

MERCEDES BENÍTEZ

El TSJA se pronunció hace unos tres meses suspendiendo la integración de los empleados de la Faffe en el Servicio Andaluz de Empleo, uno de los numerosos varapalos que la Junta de Andalucía se está llevando tras el decreto de reordenación del sector público, más conocido como «decretazo». En ese auto, los magistrados del TSJA dejaban muy claro que la integración y recolocación de esos trabajadores en el SAE suponía que esos empleados que habían entrado en la agencia había eludido los principios de igualdad mérito y capacidad y, por tanto, acordaba la suspensión cautelar de esa integración.

Sin embargo, ahora la Junta de Andalucía ha ideado una fórmula para burlar ese fallo y ha creado una nueva categoría profesional, los subrogados, que será como a partir de ahora se llamen los trabajadores que desde la Faffe pasen a integrarse en el SAE. Para ello, el Servicio Andaluz de Empleo dictó el pasado día 7 una resolución, a la que ha tenido acceso ABC, que textualmente dice que es para garantizar el cumplimiento de esa sentencia, pero que en realidad «acuerda la subrogación por parte del SAE en los contratos de trabajo del personal que prestaba sus servicios en la extinta Faffe».

Los argumentos que emplea la citada resolución, que según ha podido saber ABC se ha distribuido a nivel interno en el SAE, es que no implica la integración del personal dentro de la Administración de la Junta y que se mantendrá «el tratamiento autónoma y diferenciado del personal subrogado respecto de los empleados públicos». E insiste en que esa diferenciación se hará con respecto a funcionarios y laborales de la Junta de Andalucía y que «evitarán en todo caso cualquier situación de confusión de plantilla». Pero esa diferenciación se hará dentro del propio SAE ya que la resolución deja claro que esos trabajadores se van a «reubicar» en las dependencias del SAE. Y deja también claro que «efectuarán su trabajo en los mismos locales». Eso sí, para diferenciarlos le pondrán la extensión «sae» en sus correos electrónicos.

La resolución ha caído como un jarro de agua fría entre los colectivos que recurrieron el decreto, las asociaciones «Al Andalus», «Defiendo mi derecho» y numerosos empleados públicos a título particular. Desde el despacho Mariano Aguayo que los representa, se insiste en que esta orden supone un incumplimiento frontal de la medida cautelar impuesta. «Han hecho justamente lo contrario que dijo el TSJA», dicen.

En este sentidor recalcan que se ha creado una tercera categoría para burlar el fallo. Si había funcionarios y laborales, ahora nacen los subrogados. Los letrados han puesto el tema en conocimiento de un juzgado de lo contencioso para que se pronuncie porque creen que está incumpliendo la medida cautelar dictada por el TSJA. Además manifiestan que, con el auto del Alto Tribunal en la mano, estos trabajadores «no pueden ejercitar ninguna función dentro de la agencia».

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