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Dos colaboradores de Monteseirín, exculpados del «caso Unidad»

Gómez Lobo y Castaño quedan fuera; se procesa a la presidenta del ente y a Cervera, que también fue asesor del exalcalde

E. BARBA

El llamado «caso Unidad» pierde fuelle. Y no lo hace sólo por el transcurso de los años del largo proceso de instrucción sino porque las últimas novedades le restan trascendencia de calado político. Y eso cuenta. Así, en un auto, el Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla ha decidido el sobreseimiento de la causa contra el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo y el que fuera asesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, ambos colaboradores cercanos del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín. Los dos han sido exculpados en la investigación que se lleva a cabo por la duplicación de facturas con las que la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Unidad, justificaba subvenciones concedidas por el Ayuntamiento sevillano y la Diputación Provincial. Ellos y una de las trabajadoras de esa entidad implicada, la administrativa Susana Delgado, que también queda fuera del proceso junto a los dos socialistas del entorno del que fuera regidor.

El juez ha emitido un auto por el que se procesa por un posible delito de falsedad en documento oficial a la expresidenta de Unidad Ángeles Nevado, su esposo Ángel Cervera —exasesor también de Monteseirín y del presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos—, la que fuera trabajadora de la organización provincial Josefa Prados, el administrador único de la copistería Copyur y a una empleada de esta empresa. En paralelo, el instructor ordena el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra Gómez Lobo, Castaño y la administrativa al «no quedar acreditado que su conducta sea constitutiva de infracción penal». No aprecia el juez indicios de que hayan incurrido en una falsedad documental.

De esta manera, se procesará a un total de cinco personas y sólo por un delito continuado de falsedad documental, ya que el juez entiende que no ha quedado acreditado que los hechos investigados puedan ser constitutivos de un delito de fraude de subvenciones. Se atribuye a los imputados un delito continuado de falsedad en documento oficial, que contempla penas de entre seis meses y tres años de cárcel, y multa de seis a doce meses. Se acuerda, además, que no se practiquen algunas diligencias de pruebas pendientes solicitadas por la acusación ejercida por el PP, dando «por terminada la instrucción en este procedimiento». Por ello, se rechaza, tal y como solicitó la Fiscalía, realizar una prueba caligráfica a Castaño —que trabajó en dicha organización— para que se compruebe si es su letra la que aparece en las acotaciones de diversos documentos. El PP va a recurrir esta decisión del juez.

Sólo cuatro facturas

El auto señala que de la investigación queda suficientemente acreditado indiciariamente que entre los años 2000 y 2006 Unidad fue beneficiaria de «numerosas subvenciones» del Ayuntamiento y de la Diputación, pero sólo detecta irregularidades delictivas en cuatro facturas, una de las cuales —concretamente de 1.455 euros— fue emitida por el quiosco de la madre de Ángel Cervera cuando ésta ya había fallecido y que fue presentada por Ángeles Nevado a la Diputación —donde su marido era asesor—, obteniendo un «ilícito beneficio».

Señala también el Juzgado que otra factura emitida por Copyur —la número 5082/03— fue «utilizada» por la organización vecinal para justificar «por duplicado y de forma fraudulenta» subvenciones distintas ante Ayuntamiento y Diputación. El juez, siguiendo las tesis de la Fiscalía, declara prescritas las irregularidades relacionadas con las facturas correspondientes a 2002, y concluye que no se puede hacer en este procedimiento «una investigación general o universal de las relaciones entre el Ayuntamiento de Sevilla y la asociación denunciada», ya que este procedimiento se instruyó «por unos hechos y delitos concretos que son los que se han investigado, no pudiéndose ampliar dicha investigación con carácter genérico».

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