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La mitad de la Torre Pelli, el doble de problemas

Planta 20 de la Torre Pelli construida. Quedan otras 20 del gigante. Pero a la batalla judicial por la licencia y el dilema patrimonial por el informe de la Unesco se unen ahora las trabas por la seguridad aérea. Incierto futuro

Día 26/02/2012 - 17.16h

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Una planta cada nueve días. Ese es el ritmo. Frenético. Y este fin de semana, planta 20 completada. La Torre Pelli, el rascacielos que Banca Cívica levanta en La Cartuja, ha llegado a la mitad de sus 178 metros de altura final prevista. En algo más de una semana, el andamiaje superará la gran barrera sentimental de la ciudad: la veleta de la Giralda. Se habrán roto muchos tabúes, pero ese, el que casi se antojaba como más difícil antes de empezar, no parece que haya sido el mayor reto de los promotores de este gigante de cristal. Ahora, llegada la obra al ecuador, el panorama de este proyecto se ha ensombrecido tanto que la culminación en sí de la atalaya se ve desde muchos sectores como mera utopía. Ese se antoja como el objetivo más complicado de Puerto Triana. El marco para la segunda parte de los trabajos es otro bastante más complejo por diversos motivos de peso.

El primero es el de la seguridad aérea, más candente estos días tras haberse conocido la sanción de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), dependiente del Ministerio de Fomento, de 140.000 euros por la invasión de la servidumbre aeronáutica del aeropuerto de San Pablo. El expediente por este asunto se abrió hace tres años tras la denuncia de la plataforma «Túmbala» y ha sido ahora cuando se ha resuelto con la multa por invasión del espacio aéreo. La propia ministra del ramo, Ana Pastor, destacó en su visita Sevilla de esta semana que el proyecto de la torre «incumple el ordenamiento jurídico y los requerimientos de seguridad aérea». El origen de este problema es que el Plan General (PGOU) de Sevilla vulnera la normativa estatal al no recoger la obligación de informar a las autoridades aéreas de los edificios de cierta altura. El anterior Gobierno local, presidido por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, no pidió la autorización a la Agencia Española de Seguridad Aérea por invasión del espacio aéreo cuando concedió las licencias para la construcción de la torre.

Está prevista para esta semana en Madrid una reunión ciertamente trascendental al respecto entre técnicos de Fomento y representantes del Gobierno municipal del PP, que no puede detener por iniciativa propia la construcción —tiene su pertinente licencia—, pero que anhela que otra administración le eche un cable para poder hacerlo con menos remordimiento de conciencia y más solidez argumental. La ayuda, obviamente, llegará desde el Gobierno central y este ámbito de la seguridad aérea parece el más adecuado para enfrentarse al proyecto y poder detenerlo. Si es que ese es el deseo del alcalde, Juan Ignacio Zoido, un auténtico maestro en dar quiebros y patadas adelante con este tema, en el que centra su discurso en la protección patrimonial sin más detalle. Y por semana que pasa, planta que se construye.

El plazo para resolver dicho expediente sancionador es de dos meses y están a punto de cumplirse. Noticia inminente. Los servicios jurídicos de Cajasol anunciaron que han iniciado el procedimiento para recurrir por la vía contencioso administrativa la sanción. La sociedad promotora de la torre —participada en su mayoría por Cajasol— indicó que la sanción alude a que «no hubo petición ni solicitud ni autorización a Aesa ante una presunta invasión de la zona de servidumbre aeronáutica». Desde la entidad se recordó que el PGOU determinaba que no había servidumbre aeronáutica en dicha zona, así como que la solicitud a Aesa corresponde al Ayuntamiento, que en su momento entendió que no era necesario solicitar el permiso, y no a los promotores del rascacielos.

Por otro lado, el complejo arquitectónico carga con la polémica del informe de Icomos (Unesco) en el que se alerta del impacto que tendría el edificio en el conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad (Catedral, Alcázar y Archivo de Indias) y se concluye que el Ayuntamiento «debe encontrar formas de detener la construcción». Según la plataforma «Túmbala», han sido ya hasta cuatro las peticiones de que se detenga el proyecto, «una obligación al incumplirse claramente la Ley de Patrimonio Histórico», según indican. Para la Unesco, «la torre se encuentra en un lugar especialmente sensible entre el conjunto de la Cartuja, el histórico barrio de Triana y el centro histórico de Sevilla», por lo que «el fuerte desarrollo vertical» del edificio, junto con la «estrecha relación física con las áreas y monumentos históricos, amplifica el impacto».

La vía judicial

Esa plataforma cívica contraria al proyecto, por otra parte, estudia proseguir con la vía judicial tras la sentencia del TSJA en contra de su denuncia alegando que habían superado el plazo de dos meses después de concederse la licencia, algo «poco coherente» para «Túmbala» cuando no se publicó la concesión de dicha licencia en el BOP ni se tuvo «conocimiento oficial alguno de la misma». Por ello, esta organización estudia llevar el asunto al Tribunal Constitucional al considerar que la licencia no puede ser legal por vulnerar el Plan General en múltiples puntos. «No se rebatieron ni se dijo que fueran mentira, pero hubo licencia».

En paralelo a todo esto, la torre crece ante el intenso debate ciudadano. Entre otras variables, el debate estético. Incluso en torno a esos mensajes de sus defensores sobre el valor del rascacielos como hito para la ciudad. Porque un somero repaso a las edificaciones de este estilo ejecutadas o en ejecución del arquitecto César Pelli hace llegar fácilmente a la conclusión de que la Torre Pelli tiene algunas gemelas repartidas por el mundo. No se trata de meras réplicas, pero se aprecia un mismo «molde» con estructura elíptica. La serie es extensa: Jungui Li en Wuxi, China, es casi un calco de la sevillana. Y también están la Torre Iberdrola de Bilbao, Repsol en Buenos Aires...

Y Banca Cívica, en plena crisis

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