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La Policía investiga la usurpación de la labor de los funcionarios

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La Fiscalía del TSJA admite la denuncia de colectivos que critican la «ley del enchufismo»

Día 01/03/2012

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado a la Policía Judicial Adscrita que inicie una investigación en la Junta a partir de la denuncia presentada por Pedro Ruiz, funcionario miembro de la plataforma Defiendo Mi Derecho y la Función Pública, en la que se criticaba la usurpación de las labores que realizan los empleados públicos de carrera de determinadas consejerías por el personal trasvasado de la Administración «paralela» tras la aplicación de la denominada «ley del enchufismo».

La medida acordada por la Fiscalía supone un paso más en la lucha que desde hace más de un año emprendieron sindicatos y colectivos de funcionarios contra la reordenación de la Administración andaluza acordada por el Gobierno que preside José Antonio Griñán. Se trata de un proceso que ha sido llevado a los tribunales, que en numerosas ocasiones han acordado anular el trasvase de los trabajadores procedentes de empresas públicas y fundaciones a las agencias de nueva creación. Y precisamente, la usurpación de funciones es uno de los elementos más criticados.

Listados

Pedro Ruiz, representante de la plataforma «Defiendo Mi Derecho y la Función Pública», presentó ante la Fiscalía de Sevilla en los meses de octubre y noviembre del pasado año sendos listados de trabajadores de las empresas públicas Tragsa, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, de la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo y de la Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía, en los que se hacía constar que no ostentan la condición de funcionarios.

Tales trabajadores subrogados, según la denuncia, ejercen potestades que corresponden exclusivamente a los empleados públicos, como otorgación de subvenciones y acceso a bases de datos, cuestiones que podrían ser sancionadas como supuestos delitos por el Código Penal.

Con posterioridad, la denuncia volvió a ampliarse con otro informe en el que se indicaba que esa presunta usurpación de funciones sólo podría darse con el beneplácito de los jefes de servicio de los departamentos de la Junta de Andalucía, a los que se acusa de colaboradores necesarios y de prevaricación. Tras unas primeras pesquisas informativas llevadas adelante por parte de la Fiscalía de Sevilla, la causa pasó al Ministerio Público del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, cuya sede está en Granada, que ha abierto nuevas diligencias y a su vez ha solicitado de la Unidad de Policía Judicial Adscrita que «se realice la oportuna investigación de los hechos y de los posibles autores».

Según Pedro Ruiz, «por fin hay una posibilidad en este Estado de Derecho de que decisiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo puedan ser reparadas por el poder Judicial».

Fraude de ley

En la denuncia se reclama que se depuren las responsabilidades penales que en su caso correspondan, no sólo del personal que se identifica. También se incluye a «las autoridades políticas que permiten en las consejerías afectadas que personal laboral privado o contratado desempeñe y asuma, en fraude de ley y abuso de derecho, competencias y funciones que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas».

Según Pedro Ruiz, casos como el de los ERE se podría haber evitado con un mayor control de los funcionarios.

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