Andalucía

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Safja denuncia «contratos irregulares» de la Junta por valor de 41,6 millones

El sindicato presenta otro contencioso por la cesión de competencias a la Administración «paralela»

Día 09/04/2012 - 08.10h

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El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ha elaborado un informe en el que incluye hasta 40 licitaciones y contratos realizados en los últimos seis meses a empresas particulares por las consejerías o por departamentos de la Administración «paralela» que superan los 41,6 millones de euros. Safja entiende que tales actuaciones son irregulares porque o bien se margina a los funcionarios en la toma de decisiones, o bien se les ignora como destinatarios de unos trabajos que deberían asumir por llevar aparejado el ejercicio de potestades públicas.

Tras constatar estos procedimientos, el sindicato ha recurrido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla el anuncio de 12 de diciembre de 2011 de la Agencia de Obra Pública de la Junta, en el que se publica la delegación de competencias en los órganos directivos de la entidad, entre otras finalidades para llevar a cabo, por parte de personal laboral externo o subrogado, actuaciones que, entiende, corresponden a los funcionarios. Con el recurso Safja pretende que el sistema no se perpetúe.

Funciones delegadas

Así, el anuncio de la Agencia de Obra Pública delega funciones en materia de contratación, Y el recurso se interpone al entender Safja que la delegación de esas competencias se hace sobre el titular de la Dirección Gerencial, que tiene la condición de personal laboral y su nombramiento obedece «a los criterios de estricta confianza».

Por lo que respecta al informe, el sindicato trata de alertar precisamente sobre unas prácticas que lleva a cabo la Junta y que en buena parte se sustentan en ese sistema de delegación de competencias a entes de la Administración «paralela» para contratar con terceros. En otros casos, aunque son las consejerías las que licitan y adjudican trabajos a particulares, Safja entiende que esas labores, en la inmensa mayoría, podrían ser asumidas por funcionarios, lo que supondría un considerable ahorro económico. Y también deberían recaer en los empleados públicos de carrera por ser los depositarios de unas potestades que no posee el personal externo.

Este sindicato ha denominado coloquialmente una de las vías utilizada por la Junta para esquivar la intervención de los empleados públicos de carrera como «tercera Administración paralela», de forma que de las consejerías se dan atribuciones que no les corresponden a los entes instrumentales (agencias) y éstos últimos a su vez toman decisiones que no son de su competencia, cerrando el círculo de las presuntas irregularidades.

«El objeto de este informe —señala el documento de Safja— no es otro que profundizar sobre un hecho que desde que se produjera el controvertido proceso de la reordenación del sector público, con la ley 1/2011 (conocida como «ley del enchufismo»), ha ido creciendo de forma exponencial. Se trata —indica— de una ingente cantidad de licitaciones y contrataciones que se están llevando a cabo por parte del Ejecutivo andaluz y que hace que ello nos alarme de manera urgente». Esta otra vía, expone Safja, no consigue más que «el desvío de fondos pertenecientes al erario público en licitaciones que, en muchas ocasiones, poco o nada está justificada su adjudicación». Según Safja, el sistema utilizado por la Junta es la modalidad de «contratación administrativa y mediante convenios de colaboración administrativa que, si bien la Ley los reserva únicamente para los casos en que las partes firmantes del convenio sean entes públicos, el Ejecutivo andaluz lo utiliza también para realizar contrataciones con particulares o asociaciones elegidos “ad hoc” y así evitar la legislación de contratos». Para Safja, sería absolutamente necesario que en el futuro este tipo de licitaciones y de contratos sean fiscalizados por la Cámara de Cuentas, «por estar íntimamente relacionados con el sector público andaluz».

La grabación de peticiones de dependencia y archivos de Gobernaciòn, en manos privadas

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