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La gestión irregular de los ERE era de «general conocimiento» en la Junta

Día 29/05/2012 - 07.30h
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La Cámara de Cuentas detecta ausencia de fiscalización, falta de papeles, de requisitos o incluso de presupuesto

Una trama para otorgar subvenciones discrecionalmente mediante un sistema inadecuado, al margen de la normativa vigente, sin control sobre su gestión, sin una planificación económica ni plazos de ejecución y con carencias en el seguimiento contable que impiden conocer con precisión dónde ha ido la totalidad el dinero. El informe de la Cámara de Cuentas sobre las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010 recoge minuciosamente el rosario de irregularidades con el que el Gobierno andaluz repartió más de 600 millones de euros.

El borrador del informe, parte de cuyo contenido —el relativo a la responsabilidad de José Antonio Griñán como consejero de Hacienda— fue adelantado ayer por ABC, es muy contundente al reseñar que ni se respetó la ley, ni se fiscalizó correctamente por la Intervención general, ni se cumplieron las mínimas normas contables que exigen estos procedimientos. Unas irregularidades que, según destaca el órgano fiscalizador, no son achacables sólo al ex director general Francisco Javier Guerrero, ya que eran conocidas por todos los dirigentes de la Junta. «La concurrencia de determinadas manifestaciones de voluntad recogidas en distintos documentos, junto con las actuaciones de los órganos superiores de la Consejería, ponen de manifiesto un general conocimiento de la gestión llevada a cabo por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en la ejecución del programa 31L», asegura.

La relación de irregularidades es exhaustiva. Así, el informe —que aún debe ser aprobado por el pleno de la Cámara de Cuentas— señala que el procedimiento por el que la Consejería de Empleo concedió las ayudas sociolaborales (que debía circunscribirse únicamente a la protección de trabajadores afectados por ERE u otro tipo de despido) «se ha llevado a cabo al margen del previsto en la legislación vigente para este tipo de ayudas».

Entre las numerosas irregularidades que se detectan, se señala que entre 2001-2010 no se respetaron los requisitos que exige la Ley para la concesión de las subvenciones y ayudas de la partida 31-L (bautizada por el exdirector de Trabajo como «fondo de reptiles»). «Con carácter general, hasta 2010 se han otorgado prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo», dice textualmente. En este sentido, el informe destaca que las subvenciones se otorgaron por mediación un órgano incompetente por razón de la jerarquía, en referencia al IFA/IDEA, y que además no hubo bases reguladoras ni convocatoria pública. Pero además, el análisis de la Cámara concluye que los objetivos o finalidades que motivaron su concesión «no revestían el carácter imprevisto ni urgente exigible a este tipo de ayudas».

Por otra parte, también se destaca que también que se hizo «un uso indebido» de la trasferencia de financiación como procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar las ayudas concedidas con cargo a la 31-L que tuvo varias consecuencias: en primer lugar, la ausencia preceptiva de fiscalización previa, la contratación de compromisos de gastos de carácter plurianual sin los expedientes, y también que se asumieron compromisos de gastos al margen de la cobertura presupuestaria plurianual que dio lugar al incumplimiento reiterado de los calendarios de pago e intereses de demora.

De hecho también se asegura que la Consejería de Empleo no realizó diseño previo de las ayudas, no se establecieron los requisitos exigidos para ser beneficiarios, los criterios para la aceptación o rechazo de las solicitudes, los plazos de ejecución de las acciones a subvencionar, ni las actuaciones posteriores encaminadas a justificar la finalidad y el empleo de los fondos otorgados.

Pero además la Cámara asegura que la falta de definición previa de estas ayudas, ha permitido «un uso excesivo del margen de discrecionalidad de la Administración en su concesión». Y pone como ejemplo el hecho de que se financiaran prejubilaciones con distintos umbrales de edad, coberturas y condiciones. Por otra parte, la discrecionalidad en la concesión de las ayudas se reflejaba en el hecho de que se concentraran «en determinadas zonas geográficas, en grupos de empresas y concesiones basadas en otras motivaciones ajenas a interés general». Algo de lo que —dice— «podrían derivarse, entre otras, responsabilidades contables y administrativas».

Pero también se hace referencia al las comisiones obtenidas por las mediadoras en la misma línea de lo que ya investiga la juez Alaya. Así, la Cámara asegura que los gastos de comisiones incluidos en la prima de riesgo han resultado superiores a la media del mercado. Sin embargo no fue hasta 2011, cuando llevaban años produciéndose esas irregularidades, cuando la Consejería de Empleo inició el procedimiento de revisión de la totalidad de ayudas concedidas con cargo a la 31-L. El pasado 7 de mayo, Empleo había iniciado procedimientos a 323 personas para verificar las ayudas. De ellos, según la Junta, había 126 personas que no tenían derecho a obtener esas ayudas sociolaborales.

Intervención no actuó

¿Cómo es posible que este cúmulo de irregularidades no fuese detectado por la propia administración? El informe coloca en una situación muy comprometida a la Intervención General, ya que, pese a advertir de las irregularidades, incomprensiblemente no dictó una orden de actuación —de obligado cumplimiento— ante la pasividad de la Junta para solventar estos problemas.

«El Informe de Actuación persigue corregir a futuro prácticas defectuosas advertidas por la Intervención o prevenir actuaciones potencialmente dañosas a los caudales públicos», recuerda la Cámara, la cual concluye que las subvenciones se otorgaron «sin que por la Consejería de Empleo, ni por la Consejería de Hacienda ni por la Intervención General se adoptaran las medidas necesarias para solventar los incumplimientos que de manera reiterada habían sido manifestados en los informes de control financieros realizados al IFA/IDEA».

La Cámara busca un «topo»

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