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La Junta destaca su «profundo diálogo» con los sindicatos sobre los ajustes

El PP ha pedido al Gobierno andaluz que «cambie el rumbo» de la política económica, y que apruebe un nuevo presupuesto autonómico caracterizado por la austeridad

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La Junta, que ha garantizado que Andalucía cumplirá con el Pacto de Estabilidad "por responsabilidad", ha calificado de "profundamente injusto y poco racional" el sistema por utilizar el criterio del PIB y no la población, y ha destacado su "profundo diálogo" con los sindicatos sobre los ajustes salariales.

La titular de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo , que ha comparecido en comisión parlamentaria para informar de las líneas de actuación de su departamento, ha indicado que desde la Junta se plantea "diálogo permanente" con el Estado, y por ello propone que se convoque la Conferencia de Presidentes autonómicos.

Por su parte, el PP ha pedido al Gobierno andaluz que "cambie el rumbo" de la política económica, y que apruebe un nuevo presupuesto autonómico caracterizado por la austeridad, incentivador de la actividad productiva para crear empleo, que reforme la administración y se apoye en los empleados públicos.

"El Estado, con un déficit más elevado -54.000 millones de euros- solo asume la reducción de una tercera parte del mismo, mientras que las comunidades autónomas, con 32.000 millones de euros de déficit en su conjunto, están obligadas a rebajarlo en más del 50 %", ha subrayado la consejera andaluza.

Ha destacado las "situaciones profundamente injustas", ya que se perjudica a las comunidades menos endeudadas, como Andalucía, autorizándoles un menor déficit por habitante.

"A Andalucía, que ha cumplido sus deberes y que tiene menos endeudamiento, se le aplica un techo de déficit más exigente, porque se ha aplicado en función del PIB y no de la población", ha apuntado Martínez Aguayo, quien ha precisado que aplicar el criterio de la población supondría 620 millones de euros más.

Esta cantidad, según la consejera, serviría para hacer políticas y adoptar medidas de estímulo económico, ya que el uso del PIB para establecer el límite de déficit "desvirtúa un modelo en el que los servicios públicos se financian en función de la población, no de la riqueza de los territorios ".

Tras advertir de que esta no es una demanda nueva sino que el Gobierno andaluz la ha hecho "independientemente del color político" del Ejecutivo central, la consejera ha declarado que permitir una mayor capacidad de endeudamiento a las autonomías más ricas "aumentará las desigualdades entre los territorios" y generará una pérdida de convergencia entre las autonomías.

La acción de la Consejería de Hacienda y Administración Pública se centrará en el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas, además de gestionar unas nuevas competencias en materia de política financiera, así como las relativas a juego, según Martínez Aguayo.

Respecto a las rebajas salariales a los funcionarios, ha señalado que el empleo público es un elemento de consolidación fiscal, y ha justificado las medidas contenidas en el Plan Económico Financiero en que la Junta ha buscado la solución que "implique menor coste en términos de empleo", de forma que exista un reparto "temporal y solidario" entre todos los empleados.

Tras asegurar que la plantilla de empleados se ha gestionado "de manera razonable", Martínez Aguayo ha destacado que desde la Junta se está practicando un "profundo diálogo" con los sindicatos para buscar el "entendimiento" y superar las diferencias.

El diputado del PP José Antonio Miranda ha abogado por la reforma del sector público para que deje de ser "un lastre" para el desarrollo de Andalucía, y ha reprochado a la consejera que comience el mandato con una desviación de "déficit", al tiempo que le ha censurado la subida de impuestos y la no ejecución del gasto.

Por su parte, Ignacio García (IU) , que ha destacado la agresión que está sufriendo Andalucía por parte del Gobierno central, del que ha dicho que usa las relaciones con las autonomías con una falta "total de respeto" al Estado autonómico, pero ha añadido que la Junta va a convertir Andalucía en una "referencia esperanzada".

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