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Andalucía / UNA ONG Afin al pSOE

Mujeres Progresistas, en quiebra pese a recibir ayudas millonarias de la Junta

Día 27/07/2012 - 14.28h
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La Consejería de Empleo le concedió una subvención de 207.830 euros a esta ONG afín al PSOE cuando ya estaba en situación de insolvencia

El Juzgado Mercantil 2 de Sevilla ha declarado la situación de insolvencia de la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, una asociación afín al PSOE —su presidenta, Alicia Vaño, apoyó públicamente la candidatura de Rubalcaba— que ha recibido en los últimos años millonarias subvenciones para poder funcionar. Una de esas ayudas fue aprobada por el Gobierno de José Antonio Griñán en mayo de 2012, un mes después de que la Federación hubiera presentado el preconcurso de acreedores en el Juzgado Mercantil debido a sus problemas de liquidez.

En abril, la Federación de Mujeres Progresistas solicitó el preconcurso para intentar llegar a un acuerdo con sus acreedores. Su deuda alcanza los dos millones de euros, de los que 1,5 corresponden a un crédito con el BBVA para comprar sus sedes de Sevilla y Almería, y el resto son nóminas pendientes con sus trabajadores y recibos impagos de la comunidad de propietarios de sus sedes. El principal deudor de la Federación es, sorprendentemente, la Junta, ya que le adeuda unos 600.000 euros por unos 20 programas presuntamente ejecutados en 2010 y 2011. Al no lograr que la Junta le pagara su deuda ni que los acreedores condonaran una parte del préstamo, la Federación se vio abocada a solicitar en junio pasado la declaración voluntaria de quiebra. El juez ha aprobado el concurso el pasado miércoles.

Hasta ahora, la Junta de Andalucía ha sido la única fuente de financiación de la Federación, en la que están integradas una veintena de asociaciones de mujeres de Andalucía. Por tanto, ha vivido de las subvenciones de la Junta para desarrollar programas de formación, atender a mujeres inmigrantes, prostitutas en riesgo de exclusión, actividades relacionadas con el flamenco y gestionar centros de acogida de menores y mujeres maltratadas, según ha podido saber ABC. Durante la época de vacas gordas esta ONG vivió con holgura de las subvenciones oficiales, pero hace casi dos años la Junta comenzó a recortar las ayudas a programas sociales y la Federación no ha podido aguantar la inmensa estructura que había creado.

Tal era la confianza que la Federación Andaluza de Mujeres Progresistas tenía en el respaldo indefinido de la Junta que se embarcó en la compra de una sede en Sevilla y otra en Almería, en lugar de alquilarlas. En Sevilla, la Federación de Mujeres Progresistas compró un local de 580 metros cuadrados en la calle Santa Clara 80 —en pleno casco histórico— usando 300.000 euros que recibió en 2005 de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias y suscribiendo una hipoteca, que también se usó para pagar la sede de Almería. Según la Federación, tiene bienes por valor de 3,7 millones de euros, de los que 2,8 millones de euros corresponderían a la sede de Sevilla —asegura que ese es su valor de tasación— y unos 300.000 euros al local de Almería.

Extinción de los contratos

En cuanto a su plantilla, de los casi 70 trabajadores que tenía hace dos años la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, ha pasado a una veintena de empleados. Su presidenta, Alicia Vaño —es la esposa del que fuera alcalde socialista de Carmona, Enrique Rivas— ha solicitado en el Juzgado Mercantil que el administrador concursal designado —Javier Aguilar Cazorla— proceda a la extinción colectiva de esos contratos con el fin de proceder a la liquidación de la Federación tras agotarse su única fuente de financiación: el Gobierno andaluz.

La Federación permanecía ayer cerrada y nadie atiende al teléfono porque —señalaron fuentes próximas a la ONG— la Junta no les paga desde casi dos años y no tienen dinero para llevar a cabo programas sociales. Aunque la Federación cierra, fuentes de la ONG indicaron que las casas de acogida de maltratadas y menores continúan funcionando porque muchas de ellas están gestionadas por asociaciones que han pedido créditos para poder seguir abiertos a la espera de que la Junta les pague.

La política laboral de la empresa ha provocado la denuncia de los sindicatos. En marzo pasado, CC.OO. denunció que esta ONG que tiene como objetivo la defensa de las mujeres había despedido a una empleada embarazada, así como a su marido, que trabajaban en un centro de menores de Almería. Sin embargo, la Federación asegura que cuando despidió a la mujer no sabía que estaba embarazada y que las causas de esas extinciones de contratos fue como consecuencia de un expediente disciplinario por desatender en varias ocasiones el citado centro, lo que provocó la fuga de menores.

Frentes judiciales abiertos

Por otra parte, la Federación tiene una veintena de frentes judiciales abiertos por demandas de trabajadoras a las que presuntamente despidió y dejó a deber varias nóminas después de haber cobrado casi medio millón de euros en ayudas del Servicio Andaluz de Empleo, que paradójicamente iban destinadas a costear sus salarios y cotizaciones a la Seguridad Social. Distintos juzgados de lo Social de Sevilla han dado la razón a tres de las empleadas afectadas condenando a la ONG por despido improcedente y acusándole de «fraude» en las contrataciones.

A pesar de esas condenas, de las denuncias presentadas por trabajadores ante la Junta, de la presentación en abril pasado del preconcurso de acreedores y de la falta de liquidez de la Junta, la Consejería de Empleo aprobó el 2 de mayo de 2012 una subvención de 207.830 euros para contratar a desempleados en «proyectos de interés general y social». Fuentes de la Federación aseguran que la ayuda de 207.830 euros fue aprobada, pero no ha sido concedida y probablemente no llegue nunca a la ONG dada su actual situación.

La presunta mala gestión de fondos públicos en la Federación de Mujeres Progresistas —cuya presidenta a nivel nacional, Yolanda Besteiro, edil socialista que apoyó la candidatura de Carmen Chacón— ha llegado hasta el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, a quien han pedido que investigue el destino de miles de euros dados por la Junta a esa ONG para la atención a la infancia y que, si fuera necesario, se actúe contra sus responsables.

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