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La Junta de Andalucía tiene 5.000 casas vacías

Día 10/12/2012 - 09.52h
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EPSA oferta en su web esos inmuebles pero se niega a destinarlos a las víctimas de ejecuciones hipotecarias

Los desahucios son un drama, con víctimas incluidas, que ha vuelto a poner sobre la mesa el derecho a la vivienda que garantizan tanto la Constitución como el Estatuto. La Junta arremete con esta cuestión contra el Gobierno y desvía sus responsabilidades hacia, ayuntamientos y entidades financieras, reclamándoles que ponga a disposición de los desahuciados sus parques de vivienda. Sin embargo, el Gobierno andaluz se niega, como le ha reclamado el PP, a poner a disposición de los afectados las viviendas vacías del parque de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), que asciende a 70.000 viviendas, tanto para venta como para alquiler.

De esos 70.000 inmuebles el PP no puede precisar cuántos están vacías, pero entiende que las viviendas nuevas que oferta en su web EPSA están desocupadas. Estas ascienden a 5.162 inmuebles, tanto para venta como para alquiler, según se recoge en la web de esta empresa pública. Así, Almería cuenta con 1.181 viviendas; Cádiz, con 423, casi todas en alquiler; Córdoba, con 399; y Granada, con 475. En cambio, la mayoría de las viviendas en Huelva son para venta, donde EPSA tiene 224 inmuebles disponibles; al igual que Jaén, con 1.105, y Málaga, con 245. Más equilibrado, prácticamente mitad y mitad entre venta y alquiler, es el parque de vivienda sevillano, con 1.080 inmuebles.

Estas viviendas se encuentran en proceso de adjudicación tanto para la venta como el alquiler y algunas pueden no estar terminadas o recepcionadas por la Junta. Pero en total, suman más de 5.100 que podrían dar solución al problema de los desahucios, por cuanto, en el caso de la venta, es complicado para EPSA adjudicarlas porque los créditos hipotecarios no terminan de llegar a las familias y no se ocupan. Sin embargo, la Junta ha desechado utilizarlas para los afectados de los desahucios. De hecho, se ha posicionado a favor del desalojo de las personas que han ocupado pisos de EPSA.

En cambio, señala a los ayuntamientos y bancos para que pongan a disposición de los desahuciados sus respectivos parques de viviendas sociales, además de defender las ocupaciones de vivienda cuya titularidad no es suya. A la banca la consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), llegó a amenazar con sanciones si en un plazo de tres meses no ponían a disposición de los registros municipales de demandantes de vivienda sus viviendas sociales embargadas.

En el PP-A, sin embargo, reclaman a la Junta que se ejerza sus competencias en vivienda. La vicesecretaria de Ordenación del Territorio, Alicia Martínez, afirma que la Junta «no está haciendo absolutamente nada» en esta materia y «no destina ni un solo euro a las ayudas para frenar los desahucios».

Martínez se refiere a que no hay ninguna partida para ello en los 130 millones que tiene de presupuesto para vivienda la Consejería de Fomento, que pone en evidencia lo que esta dirigente del PP-A llama «desmantelamiento» de estas políticas. Y es que la partida presupuestaria para esta cuestión se ha reducido de los más de 445 millones que contaba en 2011 a los 130 que hay previstos el próximo año. También ha caído el presupuesto de EPSA: ha pasado de 347 millones de 2011 a 119 para el próximo año.

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