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El PSOE pide que se deje de financiar la educación religiosa

Día 19/12/2012 - 08.14h
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Mario Jiménez propone revisar el concordato con la Santa Sede

El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, anunció ayer que su formación va a proponer, a través de una proposición no de ley en el Parlamento andaluz, que el Estado revise los acuerdos económicos con la Santa Sede para la financiación de la educación religiosa, como consecuencia de que se «haya roto una paz» entre ambas instituciones en el marco de la reforma educativa impulsada por el Gobierno de la Nación, «que condena a la libertad religiosa».

En rueda de prensa, Jiménez lamentó que la Conferencia Episcopal no haya respetado «el derecho a la libertad de creencia» que conlleva, según apuntó, que la religión tiene que formar parte del «espacio privado» de las familias, pero no del diseño curricular de los alumnos. «Adoctrinar desde el punto de vista religioso a los niños es intolerable con la Constitución en la mano», añadió.

El dirigente socialista, que defendió que Andalucía tiene que responder «políticamente» a esta «ruptura», lamentó que se estén «rompiendo» los consensos que se fraguaron en torno a la Constitución y que el Gobierno de la Nación y la Iglesia estén aprovechando la coyuntura actual para «ajustar cuentas» y hacer que la religión sea una asignatura obligatoria. «El Gobierno hace una apuesta parecida a la del presidente de Egipto para llevar la religión a un nivel que no le corresponde dentro de la democracia», manifestó el número dos del PSOE andaluz, quien no descartó que Andalucía pueda acudir a los tribunales, una vez que se apruebe la nueva ley educativa.

Asimismo, entre otros de los puntos que se recogen en la proposición no de ley que el PSOE-A va a defender en la Cámara andaluza se encuentran pedir la retirada «inmediata» del anteproyecto de ley e instar a la Junta a que rechace «de manera contundente» dicha el proyecto de reforma educativa y busque una respuesta «jurídica, institucional y política».

Jiménez, que se mostró convencido de que esta ley tendrá «una respuesta segura» si se aprueba en los términos planteados por el Gobierno, aseguró que se trata de una normativa «segregadora, sexista, que rompe los principios de igualdad y que ofrece caminos diferentes para los hijos de los ricos y para los hijos de los trabajadores, a quienes se les condena al fracaso escolar».

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